Apoyo logístico y ni un paso más de lo que permite la ley de seguridad interior. En esos carriles se moverán las Fuerzas Armadas para responder a la misión de colaborar con las fuerzas de seguridad en la misión de frenar el avance de la criminalidad y el narcotráfico en Rosario. El fin de semana se trabajó puertas adentro en el Ministerio de Defensa para tener definida en la primera hora de este lunes la cantidad de efectivos y medios que requerirá el Ministerio de Seguridad. “Solo asesoramos en que nuestro aporte sea estrictamente de acuerdo a lo que dice la ley de seguridad interior”, explican cerca del ministro de Defensa, Luis Petri. El detalle de las tareas que corresponderán a los militares es coordinado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conduce el brigadier general Xavier Julián Isaac. El esquema estará en sintonía con otras reformas a mediano plazo que se propuso al asumir Petri, para modernizar las Fuerzas Armadas y avanzar en cambios a la reglamentación de la ley de defensa nacional, que apuntan a autorizar a los militares a intervenir ante eventuales agresiones de organizaciones terroristas externas y asignarles la protección de objetivos estratégicos, como centrales nucleares e hidroeléctricas, entre otros impedimentos cristalizados por Néstor Kirchner en 2006. Por ahora, frente al caso Rosario, el aporte será a través de despliegues por vía terrestre y medios aéreos, mediante el envío de camiones, furgonetas, helicópteros, aviones y vehículos aéreos no tripulados (UAV), entre otras opciones que se analizan. “No es poco lo que pueden aportar las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, helicópteros equipados con cámaras termográficas FLIR para realizar recorridos nocturnos. Lo que no harán los militares es participar en los combates al narcotráfico y al crimen organizado”, aclararon las fuentes castrenses consultadas por este diario.     Apoyo logístico “Los medios serán puestos a disposición para realizar, por ejemplo, tareas de reconocimiento en áreas consideradas por las fuerzas de seguridad y policiales. La decisión es fortalecer el apoyo logístico para que puedan obtener información. Pero la inteligencia criminal siempre estará en manos de los agentes de seguridad”, insistió a LA NACION un militar en actividad que sigue con atención el delicado tema. Sancionada en diciembre de 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, la ley 24.059 permite solo en forma subsidiaria el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. El artículo 27 autoriza, a requerimiento del Comité de Crisis –como el dispuesto el viernes pasado por la ministra Bullrich-, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Fuera de la emergencia de Rosario, el ministro Petri trabaja para lograr a mediano plazo cambios en el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional, para recuperar herramientas que la norma asignaba a las Fuerzas Armadas, pero que el decreto 727 firmado por Néstor Kirchner y la entonces ministra Nilda Garré le recortaron en 2006. Dicha norma fue modificada por el gobierno de Mauricio Macri, pero volvió a su espíritu original con el presidente Alberto Fernández. El principal cambio reglamentario que se propone cristalizar Petri es permitir a los militares actuar frente a agresiones externas perpetradas por organizaciones terroristas. Hoy solo pueden intervenir si el ataque proviene de un Estado extranjero, lo que no contempla, por ejemplo, la actuación frente a atentados como los perpetrados por la agrupación terrorista Hamas en Israel. Una opción en estudio –aún no definida- es la posibilidad de que efectivos del Ejército puedan suplir a agentes de la Gendarmería o la Prefectura en determinadas funciones, con el propósito de liberar a agentes de las fuerzas de seguridad para que éstas puedan sumarse a las operaciones en Rosario. En esa hipótesis se reactivan alternativas que ya se manejaron en gobiernos anteriores, como el de Macri, cuando la misma Patricia Bullrich era ministra de Seguridad y se encomendó por decreto al Ministerio de Defensa la custodia y protección de objetivos estratégicos nacionales, como las centrales nucleares e hidroeléctricas. Dicha reglamentación fue derogada y cambiada en la gestión ministerial de Agustín Rossi.