El ministerio de Capital Humano ya se encuentra coordinando un plan con grupos religiosos (Cáritas) y asociaciones civiles como CONIN para distribuir la mercadería y luego darle intervención al Ejército. Personal del Ejército llegó al centro de distribución de Villa Martelli antes del mediodía para hacer tareas de reconocimiento de los productos a mover. El malhumor de Pettovello, en realidad, tiene que ver con que por culpa de De la Torre, las organizaciones sociales le pusieron el dedo en la llaga al Gobierno. Fueron el Polo Obrero y la UTEP los que reclamaron la distribución de los alimentos, con Juan Grabois denunciando que estaban próximos a vencerse. Estas organizaciones piqueteras habían quedado muy deslegitimadas en las últimas semanas a partir de las denuncias de corrupción, con decenas de dirigentes acusados de aprovecharse de la miseria de los pobres para desviar dinero destinado a planes sociales a su favor, extorsionando a beneficiarios a concurrir a marchas. Si bien Pettovello reaccionó eyectando velozmente a De la Torre de su cargo, lo acusó por no haber controlado los alimentos y también por un supuesto caso de corrupción relacionado con contratos fantasmas de la Organización de Estados Iberoamericanos, lo cierto es que la ministra de Capital Humano siente que el escándalo por la no distribución de los alimentos produjo impacto profundo en la cartera, razón por la cual muchos sectores de la política y el periodismo piden la renuncia de la ministra .- En paralelo está la cuestión judicial, con una causa a cargo del juez Sebastián Casanello, quien había ordenado al ministerio de Capital Humano que indicase la cantidad de alimentos almacenados y la fecha de vencimiento. También había ordenado distribuir esos alimentos y comunicar cómo se llevaría a cabo dicha distribución. El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó a principios de semana la visión del Gobierno, indicando que no aceptaban esa orden y anticipando una apelación. El martes próximo se realizará una audiencia para fundamentar esa apelación, y se espera que el Gobierno sostenga que es una potestad discrecional decidir si se distribuyen los alimentos o si la asistencia social se presta de otra manera.