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El Gobierno Nacional investiga en Santiago del Estero, las pensiones por discapacidad
El Gobierno Nacional investiga en Santiago del Estero, las pensiones por discapacidad
Profesionales especialmente contratados verifican en centros asistenciales privados de Capital y La Banda, la veracidad de recibir las pensiones. A prima facie se habrían detectado numerosas irregularidades. Hay denuncias penales por el hecho en Comodoro Py.
Una investigación oficial había revelado “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”. Solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos. La medida se realiza de manera paralela a la denuncia penal que realizó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, y tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre esas presuntas irregularidades se había detectado que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se gestionó ante el organismo una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro. Según el detalle al que accedió este medio, las irregularidades incluyen, por ejemplo, 150 expedientes en los que se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar el diagnóstico clínico. En otros registros, en vez de la descripción médica de la incapacidad se transcribió un poema.
El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que paga el Estado, unas 500.000 podrían ser “truchas”, es decir, mal otorgadas.Esos números surgen de un muestreo que había realizado la ANDIS sobre los expedientes a través de los cuales se accedió a la pensión.
La “auditoría parcial” sobre las pensiones laborales por incapacidad -y el cambio de modalidades para otorgarlas impuestas por el gobierno del Frente de Todos- arrojó resultados que alertaron a las autoridades y eso derivó en la causa penal. Sobre los 2.559 casos auditados “solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, relataba el informe al que accedió Infobae. “También se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, se afirma. Las actuales autoridades sostuvieron: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándose a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.







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