Así fue confirmado a raíz de una investigación de ElDiarioAR. Está hecho en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y la información surge de datos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y por la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Ritondo, de 58 años, es el principal referente legislativo del PRO de Mauricio Macri y hoy tiene un vínculo aceitado con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei.
La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones, como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y también en la Auditoría General de la Ciudad.
El diputado argumenta que todas las operaciones tienen más de diez años y que la información sobre las sociedades está "mezclada".
La controversia en cuanto a la investigación se produce porque ninguno de esos activos aparecen en las declaraciones patrimoniales que Ritondo publica anualmente como diputado nacional. De acuerdo a la normativa vigente, los funcionarios públicos deben declarar los bienes de su cónyuge, pero una resolución de 2012 dictada por Cristina Fernández de Kirchner dispone que esa información es de carácter reservado. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos.
Según el medio Chequeado, Ritondo es el diputado más rico de Argentina, con un patrimonio declarado en 2023 de 1.541 millones de pesos. Sin embargo, en sus declaraciones juradas no aparecen menciones a las sociedades offshore ni a las propiedades en Florida vinculadas a su esposa.
Sobre este tema, el equipo de investigación consultó al matrimonio, pero no obtuvo respuestas tras un periodo de 10 días. Cabe destacar que, según una resolución de 2012, los bienes de los cónyuges de funcionarios públicos son confidenciales y sólo accesibles para la Oficina Anticorrupción o mediante intervención judicial.
La conexión con Sunstar Point y Warwick Trust
Entre las sociedades identificadas, Sunstar Point Ltd. se destaca como parte del esquema financiero. Constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2014, tenía como propósito adquirir una propiedad en Florida valuada en 650.000 dólares. Según los documentos, Diago figura como directora y beneficiaria final. También aparece como fiduciaria del Warwick Trust, fideicomiso creado para administrar los bienes en el extranjero.
En 2018, cuando Ritondo ocupaba el cargo de ministro de Seguridad en Buenos Aires, la sociedad Sunstar Point actualizó su dirección a un condominio en Hallandale Beach, Florida, valuado en 498.900 dólares. Asimismo, la cuenta bancaria de la empresa se trasladó a una sucursal en Argentina, y Javier Petrera, empresario argentino, fue designado como nuevo director de la sociedad.
Otras sociedades vinculadas
El entramado financiero también incluye a las empresas Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, ambas involucradas en la propiedad de inmuebles en Miami. En un documento público de 2021, Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Esta red empresarial tiene conexiones con agentes inmobiliarios como María José Pérez-Millan, quien representa a múltiples sociedades relacionadas.
Otra sociedad registrada en Florida, Goformore LLC, también está vinculada a Diago. Aunque dejó de figurar oficialmente como administradora en 2013, Goformore continúa siendo propietaria de tres departamentos en Miami, adquiridos entre 2013 y 2015, por un total superior a 1,5 millones de dólares.
La falta de transparencia y sus implicancias
La investigación destaca la dificultad para rastrear el verdadero alcance de estas estructuras financieras debido al uso de jurisdicciones opacas. Además, la legislación argentina permite la confidencialidad de los bienes de los cónyuges, lo que complica su inclusión en las declaraciones patrimoniales. La omisión maliciosa de bienes ante la Oficina Anticorrupción es considerada delito, aunque requiere probar intención de ocultamiento.
El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.
La investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
