La Guardia de Infantería desalojó por la fuerza la feria del Viaducto, el sábado 25 de mayo, por pedido de la dirección de Calidad de Vida y con el aval de la intendente capitalina Norma Fuentes. Muchos feriantes intentaron resistir porque sostienen que es un medio lícito de supervivencia de muchas familias golpeadas por la crisis, pero finalmente los policías echaron a todos.   Lo paradójico es que a esa misma hora, Fuentes recitaba ante los periodistas al finalizar el desfile por la Revolución de Mayo, en plaza Libertad: “El gobernador ha tomado una fuerte decisión para que se trabaje en unión, siempre atendiendo las necesidades del prójimo”. También reconoció una fuerte caída del empleo y afirmó que “nosotros tenemos que estar viendo por esa función que tenemos desde el Ejecutivo”. Desde hace unos tres meses comenzó a funcionar esta feria en ese sector de avenida Roca y Arenales, pero no pasaron desapercibidos para las autoridades municipales que mandaron a desalojar ese espacio. La razón que les dieron fue que supuestamente “perjudica al turismo”, según contaron en las redes los propios desalojados. El uso de la fuerza policial fue convalidado por el Poder Judicial y el ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Barbur. La feria se había convertido en un polo de atracción para entre 200 y 400 puesteros que los fines de semana y feriados vendían ropa usada, juguetes, comidas al paso, en puestos que son manejados casi mayoritariamente por mujeres que buscan “parar la olla”. Y rápidamente comenzaron a concentrarse miles de personas en busca de opciones económicas ante la vertiginosa pérdida de poder adquisitivo.   Karina Díaz, quien oficia de coordinadora de la feria, contó en una nota a Cable Express que se decidió a vender en el Viaducto “por la desesperación de la situación que estamos pasando. Vine yo solita aquí atrás porque no tenía ni para comprar el pan, lo que me llevó a una situación de aprieto que me hizo decidir a vender aquí”. Aseguró que fue a la municipalidad a gestionar un permiso, pero le dieron una constancia del trámite y le pidieron que esperara una respuesta, que nunca llegó. Apremiada por la urgencia, comenzó a difundir en las redes la feria y la gente se convocó. La puestera Gabriela Bazán agregó: “Veo mucha gente que tiene necesidad y viene a vender sus cositas, a veces se despoja de lo que tiene para llevar el pan de cada día (…). Somos mucha gente con necesidad; yo tengo mi puesto con mi suegro, mi familia y mi pareja porque a veces no alcanza. Puedes tener un trabajo pero lo mismo no te alcanza hoy en día. Lo mismo las boletas de luz son impagables, por eso venimos aquí y tratamos de defendernos”.  También remarcó que la distribución de espacios está organizada y la limpieza se realiza antes y después de cada feria. Pero ese movimiento multitudinario no pasó inadvertido para las autoridades municipales, que a principios de mayo los intimaron para que cesaran la ocupación del espacio público. El concejal Agustin Acosta (JxC) se hizo eco de la situación e instó a la intendente a que se abstenga de desalojar la feria, en virtud de la situación económica. Sin embargo, la amenaza se concretó este sábado 25 de mayo, cuando un piquete de infantería cargó contra los feriantes. “Queremos trabajar, queremos trabajar”, corearon los manifestantes. Algunos de ellos opusieron resistencia y contestaron con piedras a los empujones con escudos, la amenaza de golpearlos con bastones y el gas pimienta rociado a discreción sobre manifestantes que eran fundamentalmente mujeres. Varias resultaron golpeadas. “Filmen para que vea el gobernador”, se escucha gritar en uno de los videos que se viralizaron, algo innecesario porque Gerardo Zamora está informado de todo lo que acontece en la provincia a través de su gran aparato de inteligencia. Un oficial las conminó a dispersarse por sostener que “se trata de un delito estipulado en el Código Penal” en alusión a la manifestación. A una joven que le reprochó que “todas las luchas se ganaron en las calles”, la desafió con forma impropia, cuando lo que se debió buscar era pacificar: “si te quieres hacer la revolucionaria fíjate en Internet”.   El oficial al parecer se aturdió con el griterío porque si bien el Código Penal considera delito la interrupción del tránsito, esto se configura cuando se crea un riesgo común para bienes y personas, algo que no sucedió en el Viaducto. Además, la Constitución Nacional equipara el derecho a la libre circulación con el de protesta. Y, por último, Santiago del Estero no adhirió al “protocolo antipiquetes” de la ministra Patricia Bullrich, que fue insertado en el DNU, que aun así no prohíbe las manifestaciones sino que las obliga a permitir el tránsito.  Por algo la policía local se encarga de guiar las manifestaciones y desviar el tránsito, con la única prohibición de aproximarse a Casa de Gobierno.   En medio de la refriega, una de las mujeres fue a exigir a los inspectores de Calidad de Vida que detuvieran la carga de infantería porque había mujeres embarazadas y niños, pero se mantuvieron imperturbables, como se ve en videos. Karina Díaz denunció en Facebook: “A nosotros que venimos a buscar nuestras monedas para sobrevivir porque la situación no da para más y nos vienen a sacar sabiendo la necesidad que hay. Lo que pasa es que no quieren ver pobreza que hay. Queremos que todos los vecinos nos apoyen para que no nos saquen de esa feria”. Llama la atención el despliegue policial que se utilizó, cuando en distintos espacios públicos de la ciudad proliferan las ferias populares desde hace años y que también carecen de permisos, pese a lo cual son toleradas por la comuna. Un fenómeno similar al del trueque, que estalló con la crisis de 2001, pero que en Santiago nunca desapareció y mutó en ferias, porque se mantuvo el nivel salarial más bajo del país aun cuando por casi dos décadas el gobierno recibió ingresos históricos por coparticipación.