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UNA DENUNCIA DE FISCALÍA DE ESTADO EN FAVOR DE LA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL SENADO SE ENCUENTRA PARA DICTAMEN EN EL FISCAL GRAL DE TUCUMAN

Una sentencia fue apelada ante la justicia federal en Tucumán y es merituada por el Fiscal Gral , Gustavo Gómez

El curioso fallo fue firmado el 20 de abril por el juez federal Nº2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, con dictamen favorable del fiscal Pedro Simón. La causa está apelada en la Cámara Federal de Tucumán.

La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado, Raúl Abate, con el patrocinio de su subordinado Marcelo Acuña, no por algún asesor legal del Senado. La denuncia refiere que Peralta habría enviado mensajes “amenazantes y extorsivos” contra las secretarias de la senadora, Graciela Marión y Analía Taboada.

La operación comercial en juego consistía en la provisión de insumos médicos para la provincia, en el año 2020: habría consistido en proveer a la provincia de 200.000 barbijos y 15.000 test rápidos, por un valor millonario. “Peralta adujo haber sido contactado por un empleado de la dirección de Cultura de la provincia, de nombre Pablo Ariel Arias”, según la denuncia.

Peralta dijo que Arias y otro intermediario, al que identificó como Sergio Troiano, le indicaron que la senadora tenía interés en la compra de esos insumos, pese a que no es su función.

Peralta se comunicó el 30 de septiembre de 2020 con la secretaria privada de Ledesma Abdala, en Casa de Gobierno de esta Capital. Atendió Graciela Marión, quien adujo que la senadora estaba ocupada y no podría atenderlo. La secretaria acotó que “la persona que lo atendió le dijo a ella que lo notó molesto a razón de haberle manifestado que concurrió al Senado de la Nación en repetidas oportunidades, sin haber podidomantener una reunión con la senadora, que le urgía hablar con ella”.

 

Marión le dio un correo electrónico para que trasmitiera su mensaje, que Peralta indicó que era para acordar la “entrega de barbijos y test rápidos que supuestamente habían sido solicitados por la senadora a través de un colaborador suyo, Pablo Arias”, que la secretaria dijo desconocer.

Marión se comunicó con la secretaria de Ledesma Abdala en el Senado, en Buenos Aires, quien también negó conocer a Peralta y Arias, por lo que la senadora “dio expresas órdenes de no contestar ningún mail y/o mensaje sobre esta cuestión”.

La secretaria del Senado, Analía Taboada, reconoció haber llamado a Peralta para conocer sus intenciones y recordó que le dijo “que inclusive, supuestamente se iban a apersonar la senadora y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a retirar la mercadería”.

Taboada acotó que Peralta le dijo “que tenía acceso a los medios de comunicación como la revista Noticias, a los efectos de hacer una denuncia pública si es que no llegaban a cumplir con su palabra”.

Peralta envió más correos electrónicos a la privada de Ledesma Abdala y, como no le contestaron, “le mandó un mensaje al número privado de la secretaria Taboada, refiriendo a que efectuaría una denuncia pública si es que no recibía respuesta en relación a la adquisición de los insumos detallados anteriormente”, indicó Abate en la denuncia. Y aclaró que “la senadora no autorizó ni solicitó ninguna adquisición de insumos médicos”.

El fiscal Simón ordenó escuchas sobre el teléfono de Peralta y también la intervención de Gendarmería Nacional. En esas investigaciones se determinó que Pablo Arias no es empleado de Cultura, y Cómputos precisó que no es empleado público, mientras que la Afip indicó que Peralta no está autorizado para la venta de insumos médicos, porque figura registrado en otros rubros.

Pero en la resolución no se indica que lo hayan citado a declarar a Arias, ni tampoco a Sergio Troiano, para indagar sobre su supuesta intervención como intermediarios. Tampoco aparece la declaración de la senadora Ledesma Abdala, considerada damnificada por el fiscal y el juez.

 

Una fuente conocedora del caso indicó que Peralta ni siquiera pudo pagarse un abogado particular y recibió asistencia de la defensa oficial, que le aconsejó abstenerse de declarar. Gracias a esto en la resolución no figura su versión y sólo consta la de las denunciantes.

La defensa pública, no obstante, dice con tino al solicitar su sobreseimiento que “la conducta de su asistido no encuadra en figura penal alguna, por lo que mantener la imputación en contra del mismo importaría un avance de la intervención jurídico-penal en el sentido de limitar conductas e intentar transformarlas en delito que no se puede admitir”. Esto implica un antecedente inadmisible contra la libertad de expresión, porque cercenaría el derecho de recurrir a la prensa a ventilar una situación irregular.

Pero para el juez Argibay y el fiscal Simón justamente eso consiste en “una amenaza simple” contra la investidura de la senadora. Con una particular interpretación sostuvieron que advertirles a sus secretarías que ventilaría los pormenores en la revista Noticias sería un delito.

“Al no haber obtenido respuestas por parte de la senadora, provocó que el imputado efectuara amenazas en contra de las secretarias, manifestando que iba a proceder a efectuar una denuncia en los medios públicos de comunicación, en claro detrimento del honor y reputación de la funcionaria pública nacional, logrando de esta forma amedrentarla, razón por la cual se llegó a interponer la presente denuncia penal”, concluyó el magistrado.

“Las amenazas infundidas de manera ilegítima por Gustavo Peralta, dirigidos hacia la senadoranacional, tuvieron como objeto amedrentar a la misma, causándole temor acerca de un daño futuro”, afirmó Argibay.

Esto podría generar un gravísimo precedente porque cualquier ciudadano que advierta a un funcionario que hará público alguna situación que considera irregular correría el riesgo de ser acusado de “amenazas”, cuando en el libre juego democrático cualquiera que se sienta afectado por una publicación tiene garantizado el derecho a las “dos campanas” o a la réplica, en última instancia.

Resulta poco creíble que la simple advertencia de un comerciante de Lanús, provincia de Buenos Aires, pueda perturbar la tranquilidad de una mujer que conforma el matrimonio que hegemoniza una provincia desde hace 17 años. Incluso es difícil creer que hasta sus secretarias puedan ser atemorizadas: durante la gobernación de Ledesma Abdala un subsecretario de prensa renunció, a los pocos días de asumir, por haber tenido un cruce con una de ellas en Casa de Gobierno.

Es de esperar que la Cámara de Apelaciones de Tucumán entienda el riesgo en ciernes, porque si no abriría la puerta para que el poder avance –aún más- para acallar a quien ose “amenazar” con acudir los medios para denunciar a un funcionario. Fuentes del fuero federal tucumano adelantaron  a este medio que el expediente en cuestión ya se encuentra en poder del Sr. Fiscal General de Tucuman., Dr. Gustavo Gomez.

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