El 29 de septiembre pasado, agentes federales de las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de trabajo de Mauricio Macri. Libertador al 2700, Olivos, Buenos Aires. Una torre. Piso 3. Sesenta policías, seis patrulleros y un carro de asalto rodeó el edificio. 

El expresidente recibe allí a políticos, empresarios, periodistas, en un despacho con una foto del líder sudafricano Nelson Mandela, y otras imágenes de sí mismo en las marchas que lideró para intentar dar vuelta en el balotaje el resultado adverso de las elecciones del 2019. La policía no lo buscaba a él. Tampoco a sus principales colaboradores que lo acompañan en sus labores en ese lugar, como el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.

No secuestraron documentos ni computadoras. Los agentes se presentaron allí para requisar el lugar en busca del empresario que figura como dueño de ese inmueble. Se llama Guillermo Masoni. Tiene un pedido de captura ordenado por un juez de Santiago del Estero, misma medida que afecta a su hermano Daniel.

El episodio pasó desapercibido salvo para la dirigencia del PRO. Los Masoni, sobre todo Guillermo, son dos de los ejecutivos influyentes, aunque de perfil muy bajo, algo que acaba de romperse. Ambos son accionistas de diferentes firmas dedicadas al desarrollo inmobiliario, entre otros negocios, como la llamada Compañía Inversora Libertador (CILSA), o Los Mimbres SA. Desde hace setenta años la familia Masoni es propietaria de más de cien mil hectáreas de campos en Santiago del Estero.

Quien presentó un pedido de detención para llevarlos a la cárcel es un juez de esa provincia, Darío Alarcón, en el marco de una denuncia presentada hace nueve años sin que haya ninguna novedad al respecto hasta fines de septiembre, hace pocas semanas. Según el magistrado, los Masoni son parte de una asociación ilícita que se dedicó a usurpar terrenos de grandes extensiones.

 La acusación judicial indica que los Masoni, Posse y otros imputados más ocuparon de modo ilegal 250 mil hectáreas. El caso se reactivó de modo vertiginoso y con escándalo.

El ex diputado provincial del PRO y referente del partido en Santiago del Estero, Rodrigo Posse, fue encarcelado por decisión del mismo juez Alarcón, quien lo incluyó como integrante de la asociación ilícita que, según él, liderarían los Masoni. Posse es abogado de los empresarios vinculados a Macri. Fue legislador provincial y concejal de la capital de su provincia. Un opositor muy duro de la familia Zamora. Cuando se enteró que el que la denuncia presentada hacía nueve años en su contra y la de sus clientes había empezado a moverse, se presentó tres veces ante el magistrado Alarcón para ponerse a su disposición. Nunca fue atendido ni por el juez ni por la fiscal de la causa.

Posse salía de su casa el miércoles anterior al allanamiento de las oficinas de Macri. Iba a nadar, a hacer deporte. Vio de golpe que varios hombres lo rodeaban de atrás, por adelante, por los costados. Le preguntaron su nombre. Pensó que era víctima de un robo. Los inquisidores se identificaron entonces como policías y le dijeron que tenían orden detenerlo. No llevaban uniforme. Lo subieron a una camioneta común. No era un patrullero, según denunció. Reconoció a un agente de la fuerza al que trató por su labor de abogado. Le exigieron que les entregue la clave de su celular para que pudieran abrirlo. Posse se negó. Argumentó que, además de su actividad política opositora a Zamora, guardaba allí conversaciones con sus clientes que son confidenciales. Sin notificación alguna y sin que su familia ni su abogado supieran nada de él, fue encerrado en un calabozo del llamado Centro Único de Detención, en la capital santiagueña. Su esposa supo de él después de recorrer varias comisarías. Posse estaba preso acusado de ayudar a robar miles y miles y miles de hectáreas para los Masoni. A las cuarenta y ocho horas de encierro el juez Alarcón le tomó declaración indagatoria. El abogado le pidió que le informen qué delitos había cometido. Pidió leer el expediente que antes se le había negado conocer. El interrogatorio chocaba con las normas habituales que deben garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano argentino. Fue liberado. Los Masoni aun son buscados por la policía.

A través de su presidenta Patricia Bullrich, el PRO a nivel nacional emitió un comunicado en defensa de Posse. El texto condena su detención, la describe como “arbitraria” y “extemporánea”, y afirma que la causa por el supuesto robo de 250 mil hectáreas donde los Masoni son los principales acusados es parte de una denuncia presentada “en el 2013 por una persona ya fallecida”.

Se señala también que nunca existió notificación alguna a los defensores de los acusados de su imputación o de nuevas medidas que se tomaron en las últimas semanas. No se conoce la prueba que recolectó el magistrado Alarcón. El comunicado del PRO pide que se “respeten los derechos civiles y procesales” Posse, como los de “cualquier ciudadano de la Nación”.

Bullrich apuntó de modo directo a los Zamora por la detención del ex diputado Posse: “No puede haber en la Argentina un rincón del país donde no rija la ley”.

El diputado nacional Cristian Ritondo hizo declaraciones en el mismo sentido, entre otros dirigentes de su partido.

En diálogo con Clarín, Bullrich enfatizó que el encarcelamiento de Posse se produjo solo por razones políticas debido a que el dirigente es opositor al régimen de los Zamora y había vuelto a trabajar para su precandidatura presidencial.

Los Masoni no solo son dueños de las oficinas que usa Macri en la avenida Libertador, en Olivos.

También denunciaron al presidente Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su inacción ante la toma de las tierras de grupos de supuestos mapuches en la Patagonia.

Eso ocurrió antes de que el Gobierno desalojara de esos terrenos a los usurpadores.

El abogado de los Masoni en este expediente es Hugo Wortman Jofré. Afirmó que pidió la excarcelación de sus clientes pero que esa solicitud no fue tratada por el magistrado Alarcón, que ni siquiera le dio vista a la fiscal del caso.

El ex diputado Posse no tiene dudas de que su detención en un calabozo no solo no se ajustó a Derecho. Afirmó que el gobernador de la provincia, Zamora, influyó en el Poder Judicial para “castigarlo” a él y los empresarios Masoni por su cercanía con el PRO, con Bullrich, con Macri.

Los Masoni donaron varias veces terrenos que eran de su propiedad en Santiago del Estero para evitar conflictos con comunidades que exigían ocuparlos.