Policiales

Medida cautelar contra banco y a favor de un cliente por un préstamo que nunca lo solicitó

El préstamo fue de 445.256 pesos y fue sustraido por un estafador en la cuenta del del denunciante

Una medida cautelar contra un banco y a favor de un cliente (víctima de un ciberdelito) donde supuestamente se le habría otorgado un préstamo de 445.256 $ que nunca solicitó. El dinero fue sustraído por el estafador junto con el resto de la plata que tenía en su cuenta. El Banco no puede cobrar el crédito y debe devolverle el dinero depositado en la cuenta. 

Las presentes actuaciones se iniciaron por la denuncia de G. S. I., el 5 de junio de 2021. En dicha ocasión refirió que dos días antes había recibido un correo electrónico del Banco (…) que le informaba que su cuenta había sido bloqueada por seguridad y que para resolver el problema debía ingresar al vínculo que se allí se adjuntaba.

Seguidamente, logró operar nuevamente con su homebanking, pero al día siguiente recibió un nuevo correo con la misma información de bloqueo. Se comunicó telefónicamente con la entidad bancaria y le informaron que debía dirigirse a un cajero automático, desde donde advirtió que le habían otorgado un préstamo por la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos -$ 445.256-, que ella no había requerido, y que habían realizado una transferencia desde su cuenta hacia la de una persona llamada V. M. por quinientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos -$ 579.345-.

En ese monto estaban incluidos, además del préstamo referido, ciento treinta y cuatro mil ochenta y nueve pesos -$ 134.089- que tenía depositados en su cuenta. Posteriormente, la denunciante indicó que el préstamo había sido anulado por el banco, pero que no le habían reembolsado el dinero propio que tenía en su cuenta. Asimismo, se agregó al sumario el intercambio de correos electrónicos entre la denunciante y el Banco (…), de donde se desprende que efectivamente la entidad canceló el préstamo (…) “(…) por estricta decisión comercial, dado que los movimientos reclamados no se generaron por un error de seguridad del Banco, sino que se ha brindado información confidencial acerca de sus cuentas bancarias que posibilitaron esta operación”. Sin embargo, no lo hizo respecto al dinero que I. tenía en su cuenta.

También surge de los correos mencionados el historial de transferencias realizadas, de donde se constata que el 4 de junio pasado se acreditó el préstamo anteriormente aludido y, esa misma fecha, se hizo la transferencia a la cuenta a nombre de V. M. Finalmente, conforme surge de la nota efectuada por la fiscalía el 2 de julio de 2021, I. señaló la necesidad de requerir una medida cautelar a fin de lograr el reintegro de la suma que no le fue devuelta, lo que peticionó formalmente el Ministerio Público Fiscal y fue rechazado por el juez de grado, motivando la intervención de esta sala por la apelación interpuesta.

cabe destacar que no se ha ordenado declaración indagatoria alguna pues, de momento, se desconoce la identidad de los autores de la maniobra denunciada por I. - repárese en que la causa tramita ante la fiscalía bajo las previsiones del artículo 196 bis del CPPN-. Pese a ello, la hipótesis introducida por la denunciante encuentra respaldo en la nota que el banco le cursó, en tanto admitió la existencia de las operaciones, más allá de que aún no se ha agregado la respuesta de esa entidad al requerimiento de información que le cursó la fiscalía para profundizar la investigación.

En esas condiciones, luce razonable y proporcionada la medida solicitada, pues se encamina a conjugar un peligro directo, concreto e inminente, en tanto la denuncia de I. refleja que fue víctima de una maniobra de fraude. Tal como se señaló en los precedentes citados, los casos en los que se presenta “una situación extraordinaria, que encuentra sustento en el artículo 23 del Código Penal, en tanto habilita la adopción de medidas precautorias, en relación con los efectos del delito, tendientes a evitar que se consolide su provecho, además de obstaculizar la impunidad de sus partícipes y dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”. En el caso, aunque no se haya convocado a una declaración de legitimación pasiva –aplicación general de medidas cautelares-, se verifica la verosimilitud del derecho exigido para la procedencia de la medida requerida, así como la urgencia en su dictado, mientras que la posibilidad para el Banco (…) de cobrar, si corresponde, la suma restituida mediante un débito en la cuenta en la que I. cobraría su sueldo es suficiente garantía para esa entidad.

 

Es que la entidad que ponga a disposición tecnología informática al usuario que sólo ésta gestiona para entablar una relación jurídica –en este caso, una relación comercial-, debe soportar las medidas cautelares que se adopten judicialmente en sede penal para esclarecer el hecho investigado; como también responder, sea penal o civilmente, según sea el caso, por la cuestión.

 

En mérito al acuerdo que antecede, se RESUELVE: Poder Judicial de la Nación CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1 CCC 29708/2021/CA1 “NN. Dte: I., G. S.” Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 29 Medida cautelar REVOCAR la resolución 2 de noviembre de 2021 que fuera materia de recurso y hacer lugar a la pretensión cautelar solicitada por la fiscalía, debiendo el juzgado de origen adoptar las medidas al respecto.

 

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi, titular de la vocalía N° 5, no interviene por haber sido designado para subrogar la vocalía N° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

El juez Mariano A. Scotto y la jueza Magdalena Laíño la suscriben en su condición de subrogantes de las vocalías 5 y 14, respectivamente. Asimismo, que en función de la emergencia sanitaria dispuesta por el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del aislamiento social obligatorio establecidas por Decretos 325, 355 408, 459, 493,520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio por Decretos 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 235/21, 241/21, 287/21, 334/2021, 381/2021, 411/21, 455, 494 y 678/2021 del Poder Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 8/2021 de la CSJN, se registra la presente resolución en el Sistema Lex 100 mediante firma electrónica.

Notifíquese mediante cédula electrónica conforme a lo dispuesto por la acordada 38/2013 de la C.S.J.N y comuníquese mediante DEO. Pablo Guillermo Lucero Mariano A. Scotto Magdalena Laíño -en disidencia- Ante mí: Juan Ignacio Cariola Prosecretario de Cámara ad hoc

 

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