Policiales

Duro revés para doce santiagueños acusados de millonario desfalco

Millonario desfalco al Estado Provincial con la emisión de facturas apócrifas y la creación de empresas fantasma

 12 de las 18 personas que habían sido procesadas por la Justicia Federal por un millonario desfalco al Estado Provincial con la emisión de facturas apócrifas y la creación de empresas fantasma, sufrieron un duro revés judicial después de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara sus planteos y confirmara sus procesamientos con embargos preventivos.

El 21 de octubre del 2021, el juez federal Nº 2, Dr. Sebastián Argibay, había dictado el procesamiento para 18 involucrados, a los cuales fijó un embargo de $22 millones en total.

La evasión se estima que podría superar los $840 millones.

La causa se inició en diciembre de 2019, cuando la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía Trabadelo, denunciara la existencia de una organización criminal que, emitiendo comprobantes apócrifos, habría evadido hasta $800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.

Posteriormente, el fiscal Pedro Simón imputó a 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas involucradas, junto al contador presunto jefe de la organización, Gustavo Coronel Medina, y a su secretaria, María Belén Zerdán.

Coronel Medina y Zerdán, fueron procesados en octubre último junto a Ariel Exequiel Sayabedra; Nélida Elizabeth Arce; Armando Alfredo Artaza; Gustavo Adolfo Depompa; Daniel Eduardo Luna; María Guadalupe Colucci; Jorge David Ferreyra; Luis Hernán Arce; Marcos Gabriel Dos Santos y Fabián Alejandro Sagolpa.

Todos ellos apelaron la resolución del Dr. Argibay y el caso fue tratado por la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en Tucumán, pero el Tribunal resolvió rechazar los planteos de los abogados defensores y confirmó el procesamiento y los embargos en contra de los sospechosos.

“Evasión tributaria agravada”, fueron los cargos que se les imputó, en diferentes grados de responsabilidad.

Las empresas que se beneficiaron y son investigadas

El juez Sebastián Argibay se encuentra a la espera de informes de la Afip para determinar el alcance de las responsabilidades de un número no precisado de otras empresas locales que accedieron a facturas truchas y en ese sentido no descartaría nuevas imputaciones, en lo que sería una segunda parte de la causa o un desprendimiento.

Sospechan que los empresarios conocían que los documentos era falsos, es decir, no fueron engañados y, por el contrario, con su obrar incurrieron en responsabilidades que, según el monto evadido, podrían configurar delito penal.

Desde el Juzgado Federal Nº 2, aguardan informes clave de la Afip, para poder avanzar sobre las empresas que resultaren con responsabilidades penales. Ya habría remitido varios oficios a la delegación local de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que se eleve un informe con la nómina de empresas -serían locales- que utilizaron las facturas apócrifas detectadas.

El paso siguiente sería determinar los montos por los que se ha logrado evadir impuestos y establecer si llegan a constituir un delito penal, ya que deben superar el piso de $1.500.000 para que se convierta en un ilícito. Si el monto es menor, se aplican sanciones administrativas y multas, para resarcir el perjuicio al Estado Nacional. Las mismas fuentes deslizaron que del análisis de la nómina y los montos, podrían surgir nuevos imputados.

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