El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó ante el juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad- el arresto domiciliario para la ex vicepresidenta. Debe cumplir tras la confirmación de la sentencia condenatoria, seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En su presentación, Beraldi fijó el domicilio de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires para que la ex presidenta cumpla con el arresto domiciliario, y solicitó al magistrado que no se le coloque a su defendida una tobillera electrónica y mantener al personal que actualmente custodia a Cristina.

El letrado fundamentó su pedido de detención domiciliaria en el hecho de como ex presidenta, Cristina “tiene secretos de Estado”, además de que “sufrió un intento de homicidio”, en referencia al atentado del 1° de septiembre de 2022.,

Después de la notificación de que el jueves 19 de junio los nueve condenados deben presentarse en Comodoro Py para hacerse efectiva la detención que es resultado inmediato de la condena confirmada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la defensa jugó inmediatamente lo esperado: el pedido de la morigeración de la pena.

Frente al criterio aplicado por el juez Gorini, los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola pidieron la inmediata detención de la ex vicepresidenta y los demás acusados.

“La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos-o, al menos, para algunos de ellos”, sostuvieron.

En principio el magistrado a cargo de la ejecución de la pena mantendrá su primera medida: esperar cinco días hábiles desde la notificación para que los imputados se presenten en los Tribunales de Retiro.

La solicitud de la defensa se sustenta, en primer término, en la edad de la ex Presidenta, que tiene 72 años. El Código Procesal Penal contempla dicho beneficio para personas que tienen más de 70 años, sin embargo no es una obligación concederla sino una potestad del juez de Ejecución.

El pedido de los fiscales

Diego Luciani y Sergio Mola firmaron este martes un pedido de detención contra Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena a 6 años de prisión para la ex presidenta en el marco de la causa Vialidad.

En el texto presentado, los fiscales piden la misma medida contra Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, también condenados en la causa.

Los funcionarios judiciales que participaron del juicio que condenó a Cristina Kirchner volvieron a considerar que la pena de 6 años de prisión para la ex presidenta es “insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”. A su vez, recordaron que durante los alegatos de acusación y en las siguientes instancias solicitaron penas de 12 años de prisión para los máximos responsables.

Luciani y Mola manifestaron su “convencimiento de que funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”.

“La finalidad delictiva de la asociación quedó demostrada: detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero. Y como medio ilegal para lograrlo, se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó a la obra pública de esa provincia en favor de Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación (Néstor Kirchner) y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos. Todo esto se logró a partir de la propia acción de los condenados, que parasitaron los órganos de control”, esgrime el texto de los fiscales.

Respecto del cumplimiento inmediato de las condenas a prisión, Luciani y Mola lo solicitan “con el fin de reafirmar la finalidad preventiva de la pena y de enviar un mensaje claro a la sociedad”.

“El tribunal debe ordenar inmediatamente la detención de los culpables para que cumplan su pena y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado”, señalaron.

En la solicitud, Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, y Mola, fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, resaltaron que “la falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos -o, al menos, para algunos de ellos-.

“Los actos de corrupción como los aquí constatados tienen una fuerte incidencia negativa en la estructura del Estado democrático de derecho, la economía de un país y el sistema de la economía social de mercado. En especial, provocan un daño social grave, dado que el dinero público que se desvía para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud, jubilaciones, asistencia social, infraestructura, educación, vivienda, trabajo y justicia”, enfatizaron en un tramo del escrito presentado.

En base a esa idea, reflexionaron: “Por eso, podemos afirmar que la corrupción atenta directamente contra los derechos económicos, sociales y culturales que el Estado debe proteger y promover. Afecta de modo especial a los sectores más vulnerables y a las personas pobres, sobre los que gravitan con más fuerza los costos de la corrupción y sobre quienes recae el peso de los recortes en las áreas del Estado que permiten el goce de tales derechos”.

“En países como Argentina, donde los niveles de pobreza han superado el 50 % de la población, no hay duda de que los condenados se apropiaron de fondos que escaseaban o faltaban, lo cual impactó directamente en los derechos más elementales de la ciudadanía”, concluyeron Luciani y Mola.