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Los funcionarios del Ministerio de Economía tuvieron que salir a descartar la posibilidad de postergar hasta enero el pago del aguinaldo de los empleados públicos con sueldos por encima de 1.500.000 pesos, después de que LPO revelara que el Palacio de Hacienda estudiaba esa alternativa para aliviar el déficit fiscal de diciembre. 

La información provocó una fuerte reacción de los trabajadores estatales y obligó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a pronunciarse públicamente. Se trata de un funcionario que no suele hablar ni tuitear, como si hizo en este caso.

La información publicada fue confirmada a LPO por dos dirigentes sindicales, además de funcionarios de Economía. "El tema se conversó y se habló con los gremios y se planteó hacer un corte, para postergar el pago de los aguinaldos de los sueldos más altos", confirmó a LPO un funcionario al tanto de las conversaciones.

Pero la publicación de un tema que venía manejándose con reserva, alteró al equipo económico. Guberman cuestionó la nota de LPO desde su cuenta de X. "Se enojan después cuando se los critica. La irresponsabilidad de este tipo de ‘notas' es tremenda", escribió el secretario de Hacienda. Y agregó: "Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma". 

 

La respuesta de Guberman es engañosa, apelando al viejo truco de exagerar una información. LPO nunca dijo que el gobierno no pensaba pagar el aguinaldo, sino que "analizaba" trasladar unos días el pago de los aguinaldos de los empleados estatales con sueldos más altos.

Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma.

Lo cierto es que Caputo enfrenta dificultades para cerrar diciembre con superávit y la postergación para las primeras horas de enero de parte de los aguinaldos, le pemitiría sacar del último mes del año un gasto de 1,03 billones. 

La diferencia no era menor para las cuentas públicas y se analiza justo cuando Caputo enfrenta un déficit primario proyectado de entre 3,62 y 3,74 billones y un rojo financiero superior a los 4,1 billones, para el último mes del año, que coincide además con la revisión del cumplimiento de las metas del acuerdo por el board del FMI.

 

El problema de la desmentida es que LPO nunca publicó que el Gobierno dejaría de pagar los aguinaldos. La información señalaba que Economía estudiaba postergar unos días el desembolso para que no impactara en la caja de diciembre. La diferencia entre suspender un pago y modificar su fecha es precisamente el corazón de la noticia. 

La reacción oficial llegó después de que la información se extendiera entre los gremios estatales. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que había recogido la misma versión en distintas dependencias públicas y su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que el sindicato no descartaba ocupaciones de organismos si se concretaba la postergación. 

En paralelo, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, mantuvo este jueves un encuentro con periodistas en el que abordó el tema. Rodríguez evaluó que una demora de pocos días en el pago de los aguinaldos no revista la misma gravedad que un incumplimiento salarial. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que había recogido la misma versión de una postergación de parte de los aguinaldos en distintas dependencias públicas y su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que el sindicato no descartaba ocupaciones de organismos si se concretaba la medida. 

Sin embargo, existe una precisión que debilita el argumento de que se trata de un simple movimiento administrativo. La Resolución 300/2015 de la Secretaría de Hacienda establece expresamente que el segundo medio aguinaldo de la Administración Pública Nacional debe abonarse durante la segunda quincena de diciembre. La práctica habitual ubica los pagos entre el 18 y el 23 de ese mes. Trasladarlos a enero supondría modificar ese calendario. 

El episodio también dejó expuesta otra afirmación discutible de Guberman: que el Gobierno cumple con todos los gastos relevantes en tiempo y forma. Los propios registros presupuestarios muestran una realidad más compleja. 

Al 31 de octubre, la Administración Nacional acumula 2,86 billones de pesos en gastos devengados y pendientes de pago, sin contar los servicios de la deuda pública. Esa deuda flotante equivale al 2,5% del gasto devengado en el año, por encima del 1,5% registrado en el mismo período de 2025. Al 4 de noviembre se había reducido a 1,37 billones, una muestra de la importancia que tiene el calendario de pagos en la administración de la caja. 

Tras la revelación de LPO, Economía tuvo que descartar la postergación de los aguinaldos

LPOJuan Casas

Esto sin mencionar incumplimientos ilegales como la ley de Financiamiento Universitaria, respaldada por un fallo de la Corte Suprema o apropiación también ilegal de fondos con asignación específica, como los que se derivan del impuesto al combustible que deberían destinarse a reparar las rutas y se los queda Hacienda, tema que ya le causó al ministro Caputo varias denuncias penales.

 

La demora en los pagos es un comentario que cruza a todas las dependencias públicas y en el caso de los proveedores ferroviarios es especialmente sensible. Como reveló LPO, empresas que prestan servicios esenciales para el funcionamiento de los trenes acumulan atrasos de más de diez meses en el cobro de sus facturas. La situación convive con denuncias de los gremios por el deterioro de la infraestructura y la reducción de frecuencias. 

Otro ejemplo es la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA. Su proceso de disolución dejó una deuda millonaria con prestadores médicos y proveedores. La propia administración de la nueva obra social calculó obligaciones superiores a los 200.000 millones de pesos, mientras los afiliados denunciaron interrupciones en prestaciones y dificultades para acceder a medicamentos. 

Otro ejemplo de obligaciones que no paga el secretario Guberman es la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA. Su proceso de disolución dejó una deuda superior a los 200.000 millones de pesos que sigue impaga, mientras los afiliados denuncian interrupciones en prestaciones y dificultades para acceder a medicamentos. 

Una situación incluso más grave se vive en el Pami, donde por la reticencia de Guberman a autorizar los pagos, la obra social de los jubilados vive una situación gravísima, con cierres de clínicas y demoras de meses en la entrega de turnos y tratamientos.

"Cada vez que Guberman hace un pago. Caputo lo reta", confirmó a LPO un gobernador de buen diálogo con Economía.

El secretario de Hacienda llegó al cargo por recomendación de Rodrigo Pena, que estuvo en su cargo durante la gestión de Nicolás Dujovne y no quiso volver al cargo, cuando se lo ofrecieron al inicio del mandato de Milei. Ajeno al movimiento libertario, este economista rosarino a veces se ve forzado a sobreactuar su fidelidad con el proyecto.

Pero lo cierto es que la desesperación de Hacienda por postergar pagos responde a la necesidad de Caputo de mejorar la foto fiscal de diciembre, cuando el FMI tiene previsto revisar el cumplimiento de las metas del programa y evaluar la liberación del desembolso de unos 900 millones de dólares, que Economía necesita como el agua. 

 

Fuente: La Politica on Line

Autor: admin