La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y planteó que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. También interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que el pedido sea rechazado, con lo que dejó planteada la posibilidad de que la Cámara Federal revise el cierre que firmó el juez Martínez de Giorgi.

La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.

El fiscal Sergio Rodríguezfiscales.gob.ar

La presentación tiene un antecedente relevante: en los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.

La Procuraduría tiene antecedentes de haber impulsado investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, donde insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema terminó validando su planteo y la incorporación de ese material permitió reabrir el expediente, que derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, y también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal hizo lugar a ese planteo y ordenó continuar la investigación.

La intervención en $LIBRA, sin embargo, no estaba exenta de obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de aquellos antecedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Pese a ese escenario, Rodríguez comunicó ayer al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.

Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas tras un pedido de licencia del juez Martínez de Giorgi, que está de viaje, deberá resolver el pedido de reapertura. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la cuestión sea examinada por la Cámara Federal. El planteo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.

Inecip y Cipce, cabe remarcar, habían formulado duros cuestionamientos a la actuación de Taiano. Señalaron los reiterados pedidos de recusación contra el fiscal, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios fueron incorporados al sistema de gestión judicial recién después de que trascendieran a través de investigaciones periodísticas.

También cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias ONG para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.

En su presentación, la Procuraduría que lidera el fiscal Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar. Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.

En su presentación, la PIA también objetó que se hayan valorado indicios de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían funcionar como motivos para clausurar el expediente, sino como razones para profundizar las medidas necesarias.

Cipce e Inecip habían señalado, además, que la investigación debía avanzar para determinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El objetivo, sostuvieron, debía ser producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa que pudiera debatirse en un juicio oral y público.

Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la situación de las víctimas. Cipce e Inecip denunciaron que los sobreseimientos fueron solicitados y dictados sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para las organizaciones, ese procedimiento desconoce las garantías previstas en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.

La presentación de la PIA representa, por lo tanto, un nuevo intento de impedir que los sobreseimientos se conviertan en el punto final del expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.