Información exclusiva: En USA empieza a caer la demanda contra la AFA
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware resolvió que el empresario Guillermo Tofoni no estaba autorizado para difundir información bancaria obtenida mediante el mecanismo de discovery sobre las transacciones de las firmas utilizadas por la AFA. Esta resolución judicial introduce un obstáculo legal que impacta directamente en las causas penales promovidas por Tofoni en la Argentina, obligando a los tribunales locales a definir la validez de dichas pruebas.
El origen del conflicto: La marca Selección en el exterior
- Ruptura de contrato: Guillermo Tofoni (agente FIFA) mantenía un acuerdo comercial con la AFA para organizar partidos amistosos y gestionar la marca de la Selección argentina en el exterior. Tras el Mundial de Qatar, la dirigencia de la AFA desplazó a su empresa.
- La aparición de TourProdEnter: En su lugar, la AFA comenzó a canalizar los contratos de patrocinio, derechos audiovisuales y eventos a través de TourProdEnter LLC, una firma radicada en Estados Unidos y vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
- Sospechas financieras: Según las denuncias presentadas, la AFA estructuró un flujo de fondos superior a los USD 260 millones (que algunas estimaciones estiran hasta USD 400 millones) a través de cuentas en EE. UU. (como Bank of America o PNC Bank) sin liquidar debidamente esas divisas en Argentina ni incluirlas de manera transparente en los balances de la AFA.
Qué es el "Discovery" y qué resolvió el Juez en EE. UU.
Para sustentar su reclamo comercial por los derechos perdidos, los abogados de Tofoni recurrieron a una herramienta del derecho estadounidense llamada Discovery. Esta acción obliga a los bancos y corporaciones a entregar registros financieros de las partes involucradas. Mediante este proceso se detectaron múltiples cuentas bancarias de la firma de Faroni por donde pasaban los millones de la AFA.
Sin embargo, el fallo emitido el 26 de octubre de 2026 por el juez federal Richard G. Andrews (Tribunal de Delaware) determinó que:
- Límite de uso: Los documentos bancarios fueron autorizados estrictamente para el litigio civil y contractual entre las empresas. [1]
- Uso impropio: Se utilizó esa información confidencial para nutrir denuncias de carácter penal en los tribunales de Argentina y para difundirla a través de medios de comunicación, lo cual excedió el alcance legal permitido en EE. UU.
- Medidas restrictivas: El juzgado ordenó una orden de protección que prohíbe seguir usando esos datos en fueros penales y dispuso medidas para intentar recuperar o destruir el material distribuido fuera del ámbito estrictamente comercial.
Impacto de la medida en las causas en Argentina
- La validez de la prueba: El argumento de la defensa de la AFA y de Faroni ante los tribunales locales será que esas pruebas bancarias fueron obtenidas o utilizadas de forma ilegal según la propia corte que las emitió. En el derecho procesal, si una prueba clave es declarada inválida, todo lo que se construya sobre ella puede quedar nulo.
- Contraataque legal: A raíz de la filtración y reutilización de estos datos, Javier Faroni denunció formalmente a Tofoni en Argentina por falso testimonio agravado y estafa procesal. Además, en agosto de 2026, la justicia en lo Penal Económico ya le había rechazado al empresario un pedido para ser querellante en otra de las causas que investigaba los bienes de los directivos de la AFA.
La investigación paralela del FBI y la Justicia Federal de EE. UU.
A pesar del revés procesal que sufrió Tofoni en su demanda civil individual, la investigación general sobre la AFA en Estados Unidos sigue su propio curso independiente. Fiscales federales de Miami y Washington, junto con agentes del FBI, avanzan en una pesquisa preliminar por presunto fraude bancario y lavado de dinero. Al tratarse de una investigación oficial del Departamento de Justicia estadounidense, las restricciones del discovery privado de Tofoni no frenan los requerimientos de información que el propio gobierno de EE. UU. realiza de oficio a los implicados.
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