Las acusaciones apuntan directamente contra el viceintendente Gabriel Santillán, a quien señalan por haber nombrado a su esposa y a diversos familiares en la plantilla estatal, abarcando las gestiones de Pablo Mirolo y el actual intendente saliente, Roger Nediani. Según los denunciantes, el entramado político busca mantener en la nueva gestión municipal los privilegios de estos parientes en un municipio financieramente devastado.

El conflicto escaló dentro del Concejo Deliberante de La Banda, donde trabajadores de la propia administración pública tipificaron estas maniobras como prácticas sistemáticas de nepotismo. Los agentes estatales denunciaron que las designaciones se priorizaron por vínculos de consanguinidad o afinidad, omitiendo los criterios de idoneidad, mérito y transparencia que exige la ley.

El impacto institucional y las irregularidades administrativas

De acuerdo con especialistas en derecho administrativo y los estatutos internos del empleado municipal, las irregularidades denunciadas en La Banda encuadran perfectamente  en cuatro infracciones éticas y legales principales:

• Vulneración de la Ética Pública: Las normativas vigentes exigen que los funcionarios actúen con objetividad. El nombramiento de familiares directos atenta contra la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo estatal.
• Falta de Idoneidad y Mérito: La Constitución Nacional establece la idoneidad como único requisito para el ingreso a cargos públicos. Las designaciones "a dedo" eluden de forma directa los concursos públicos de oposición y antecedentes.
• Desvío de Recursos Públicos: La utilización del presupuesto comunal para financiar una estructura de "empleo familiar" representa una administración infiel de los fondos que aportan los contribuyentes locales.
• Conflicto de Intereses: Se configura al superponer el interés personal del funcionario (beneficiar a su entorno) por sobre sus deberes públicos, una situación que reviste mayor gravedad si ocurre en áreas de control, finanzas o auditoría.

El marco legal frente al nepotismo municipal

A nivel nacional y provincial, el marco normativo establece límites estrictos para frenar estas conductas:

• Leyes de Ética Pública: Diversas provincias prohíben taxativamente la contratación de parientes dentro del segundo o cuarto grado de consanguinidad, incluyendo a cónyuges y convivientes.
• Ordenanzas "Anti-nepotismo": Ante vacíos legales superiores, múltiples municipios del país han sancionado ordenanzas de transparencia que prohíben explícitamente al Intendente, secretarios y concejales nombrar familiares en la planta política o de gabinete.
• Excepciones válidas: La legislación argentina solo ampara la permanencia o ingreso de un familiar si este demuestra haber ingresado mediante un concurso público transparente, o si ya gozaba de estabilidad laboral en la planta permanente con anterioridad a la asunción del funcionario.

Mecanismos de control y vía judicial

Frente a la gravedad de los hechos denunciados en el municipio bandeño, los canales institucionales previstos para canalizar las investigaciones y determinar sanciones administrativas o penales contemplan:

1. Intervención del Concejo Deliberante: Los bloques legislativos de la oposición se encuentran facultados para emitir pedidos de informes oficiales, interpelar a los funcionarios involucrados o constituir comisiones investigadoras especiales.
2. Auditorías del Tribunal de Cuentas: Este organismo es el encargado de revisar la legalidad del gasto municipal y dictaminar si las contrataciones violaron las normativas de las partidas presupuestarias.
3. Denuncias en el Fuero Penal: En caso de comprobarse el uso arbitrario del poder, los funcionarios podrían ser imputados por delitos contra la administración pública, tales como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.