Representantes de FECLIBA, CONFECLISA, CAPRESS y ACAMI se reunieron el 8 de septiembre con el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) para plantear la necesidad de que avance el proyecto de reforma tributaria para el sector salud elaborado por el diputado nacional  Manuel Quintar (La Libertad Avanza).

La iniciativa busca que la finalización de la emergencia sanitaria, prevista para el 31 de diciembre de 2026, no se traduzca en una crisis operativa del sistema de salud. La propuesta apunta a transformar medidas de carácter temporal en un marco de competitividad y alivio fiscal permanente para el sector.

La discusión adquiere relevancia por la dimensión de la infraestructura privada de salud teniendo en cuenta que estos prestadores concentran aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país con 1.543 instituciones, y el 56% de las camas disponibles, unas 121.198.

Se trata, además, de una actividad de fuerte impacto laboral y territorial, con más de 330.000 empleos formales directos. Detrás de cada establecimiento de atención hay equipos de salud, infraestructura, tecnología, servicios e insumos que sostienen una actividad que funciona de manera permanente, una capacidad instalada que constituye un componente estructural de la atención sanitaria del país y, por su magnitud, no podría ser absorbida por el sistema público en caso de deterioro o cierre de establecimientos privados.

La situación de los prestadores de PAMI

El encuentro con Yedlin también permitió poner sobre la mesa la situación de los prestadores contratados por PAMI, que atraviesan dificultades vinculadas con los valores retributivos, los pagos y distintos aspectos operativos del convenio.

Las cámaras plantearon el atraso del 131% del modelo retributivo, las demoras en las fechas de cobro comprometidas y los débitos que se reiteran, muchas veces sin causa, incluso sobre intervenciones que el propio Instituto había validado previamente.

También expusieron las dificultades vinculadas con los topes prestacionales, que en muchos casos impiden brindar el debido diagnóstico o tratamiento a los afiliados.

A esto se suma la dificultad de los establecimientos para afrontar el pago de los salarios de los equipos de salud y la continuidad del cierre de clínicas, con el riesgo de dejar de atender a los afiliados de PAMI.

La situación planteada por las entidades tiene, además, un impacto que excede a cada establecimiento. El deterioro financiero de las instituciones repercute sobre la cadena de pagos del sistema de salud y sobre la actividad económica que se genera alrededor de los establecimientos privados.

Tras la reunión, Yedlin se hizo eco del reclamo y desde la red social X señaló: «Todas las cámaras de prestadores sanitarios del país me plantearon la crisis que vive el sector por los bajos aranceles y la falta de gestión efectiva del PAMI». Y agregó: «La atención médica de 5,7 millones de adultos mayores está en riesgo».

La reforma tributaria y la situación del convenio con PAMI fueron planteadas por las entidades como parte de una misma preocupación: preservar la capacidad asistencial instalada y evitar que el deterioro de los establecimientos privados termine generando una mayor presión sobre el sistema de salud.