CAUSA SUEÑOS COMPARTIDOS: ÚLTIMAS PALABRAS DE LOS PROCESADOS

El próximo lunes a las 9 de la mañana darán sus últimas palabras los santiagueños Daniel Nassif y Silvia Nassif

El caso

Según la investigación, los acusados habrían formado parte de una estructura delictiva, entre 2005 y 2011, dedicada a la comisión de diversos hechos ilícitos vinculados con la administración fraudulenta de fondos públicos. El juicio se centra en el tramo de la maniobra donde se orquestó un mecanismo para que obras de construcción de viviendas fueran adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Según la hipótesis de la fiscalía, la Secretaría de Obras Públicas transfirió un total de $748.719.414,64 para la ejecución de las obras. De ese monto, se determinó que $206.438.454,05 (un 23,54% de la financiación total) fueron sustraídos de su destino específico para procurar beneficios patrimoniales indebidos a los involucrados y a terceros.

Irregularidades en la ejecución de las obras

La fiscalía sostuvo que las adjudicaciones se concretaron sin licitación previa y bajo un esquema en el que el Ministerio de Planificación aportaba el financiamiento, mientras que los municipios y provincias quedaban relegados a un rol de fiscalización técnica secundaria. 

Entre las irregularidades detectadas en la ejecución destacaron la ausencia de controles y la debilidad en las inspecciones por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales. Además, hicieron foco en la falta de planes de trabajo ajustados a calendario, lo que impidió monitorear el ritmo de las obras.

Otro de los puntos cuestionados fueron los presupuestos realizados sin apertura de ítems, lo que dificultó el cálculo de costos y derivó en valores de metro cuadrado superiores a los fijados por programas oficiales como “Techo Digno”.

La acusación señaló que, para asegurar el éxito de la maniobra, los funcionarios nacionales habrían condicionado el envío de fondos a las provincias y municipios a la contratación directa y excluyente de la Fundación.

La maniobra defraudatoria habría tenido como correlato el lavado de activos canalizados en varias operaciones, cuyos responsables serán juzgados en un segundo tramo del caso, sobre el que aún no se ha fijado fecha de inicio.

Entre las operaciones que se encuentran cuestionadas están los giros por más de 100 millones de pesos a empresas agropecuarias y bursátiles y la adquisición de bienes a través de la firma Meldorek S.A., incluyendo inmuebles en La Plata y Capital Federal, una embarcación denominada “Areté” y vehículos.

Además, se cuestionaron las operaciones inmobiliarias y compra de terrenos en las localidades de José C. Paz y Pilar, así como gastos suntuarios en hoteles de Bariloche que no se condicen con la situación patrimonial de los imputados.