De productor rural a quedar afuera de una empresa millonaria: la historia de Miguel Galván y el caso JAGAR

 La sociedad llegó a facturar más de 4.200 millones de pesos. Sin embargo, quien figuraba como su socio único terminó sin vivienda, sin utilidades y sin control de la empresa. La Justicia de Salta investiga si fue víctima de una maniobra basada en el abuso de confianza y el aprovechamiento de su vulnerabilidad.

Miguel Leandro Galván pasó gran parte de su vida trabajando la tierra. En el paraje Loaj, departamento Robles, provincia de Santiago del Estero, sembraba cebolla, realizaba tareas rurales y vivía de lo que podía producir con sus propias manos.

No era empresario. No tenía conocimientos contables, societarios ni jurídicos. Su escolaridad era limitada y dependía, en gran medida, de la confianza que depositaba en quienes se presentaban como personas con experiencia para hacer negocios.

Hoy, paradójicamente, Galván reclama ante la Justicia que le restituyan una empresa constituida a su nombre, que llegó a facturar más de 4.200 millones de pesos y de la cual asegura haber sido apartado sin recibir un solo peso.

La historia está siendo investigada en dos ámbitos diferentes. Por un lado, tramita una demanda civil para que se declare la nulidad de la supuesta cesión gratuita del 100 % de JAGAR LOGISTIC S.A.S. Por otro, la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Salta analiza la posible existencia de defraudaciones, administración fraudulenta, falsificación de documentos, amenazas, coacción, encubrimiento, lavado de activos y otros delitos.

 Una relación construida sobre la confianza

Según el relato presentado ante la Justicia, Galván conoció a Diego Abel Herrero cuando todavía trabajaba como productor rural.

Herrero se habría presentado como una persona con conocimientos agronómicos y experiencia empresarial. Comenzó a frecuentar el campo, a participar en los negocios y a construir una relación cada vez más cercana con Galván.

Primero le propuso trabajar juntos. Después, siempre según la denuncia, le pidió dinero para realizar inversiones, lo convenció de dejar de trabajar con otros productores y comenzó a intervenir en el manejo de las cosechas y los fondos.

Galván aportaba su trabajo, sus ahorros y los campos donde se realizaban las actividades agrícolas. Sin embargo, sostiene que las decisiones económicas comenzaron a ser tomadas por Herrero y por personas pertenecientes a su entorno familiar.

En marzo de 2024, Galván fue trasladado desde Santiago del Estero hasta Salta para firmar la documentación destinada a constituir una sociedad.

Así nació JAGAR LOGISTIC S.A.S.

Formalmente, Miguel Leandro Galván era el socio único, titular del 100 % del capital social y administrador originario de la empresa. Pero, de acuerdo con su versión, nunca tuvo el control real de las cuentas, los libros, la facturación ni las decisiones comerciales.

 Una empresa que facturaba millones mientras su dueño seguía trabajando en el campo

La documentación fiscal incorporada a las actuaciones mostraría que, entre julio de 2024 y diciembre de 2025, JAGAR emitió alrededor de 790 comprobantes por una suma cercana a los 4.201 millones de pesos.

La mayor parte de esa facturación habría correspondido a operaciones con Alliance One Tobacco Argentina S.A. También aparecen comprobantes emitidos a favor de Lapacho Negro S.A.S., otra sociedad vinculada con integrantes del entorno de Herrero.

Galván asegura que desconocía por completo el volumen económico alcanzado por la empresa.

Nunca habría recibido dividendos, utilidades, rendiciones de cuentas ni explicaciones sobre el destino del dinero. Mientras JAGAR facturaba miles de millones de pesos, él continuaba realizando tareas rurales y, posteriormente, debió buscar trabajo en la construcción para poder subsistir.

Esa contradicción constituye uno de los principales interrogantes del caso: ¿cómo pudo el socio único de una empresa con semejante facturación terminar sin dinero, sin vivienda y sin acceso a la sociedad?

Camionetas, bienes y gastos bajo investigación

JAGAR también habría adquirido vehículos de elevado valor económico.

Entre los bienes mencionados en las actuaciones aparecen una Ford Ranger Raptor, una Ford Territory, una Volkswagen Saveiro y varias camionetas Ford Ranger modelo 2026.

Pese a encontrarse inscriptos a nombre de la sociedad, Galván sostiene que esos vehículos eran utilizados por Herrero, su esposa, sus hijos y otras personas vinculadas con el mismo grupo.

Él, en cambio, nunca habría tenido el uso ni el control efectivo de las unidades.

Fotografías y videos incorporados a las causas mostrarían a distintas personas utilizando los vehículos. Incluso una camioneta perteneciente a JAGAR habría circulado exhibiendo el nombre de otra empresa.

También se investiga una vivienda situada en Salta que, según Galván, debía funcionar como sede operativa de JAGAR. El propio productor habría trabajado en su construcción, convencido de que estaba levantando instalaciones para la empresa.

Sin embargo, una vez finalizada, la propiedad habría sido ocupada como vivienda particular por Herrero y su familia.

La investigación deberá determinar si fondos, materiales, muebles, vehículos o recursos pertenecientes a JAGAR fueron utilizados para solventar gastos personales o beneficiar a sociedades y personas ajenas al interés de la empresa.

El documento por el que habría entregado gratuitamente toda la sociedad

El hecho más grave denunciado ocurrió el 10 de febrero de 2025.

Ese día, Galván fue llevado nuevamente a una escribanía de la provincia de Salta. Allí habría firmado documentación que, según afirma, no pudo leer adecuadamente y cuyo contenido no le fue explicado con claridad.

Tiempo después descubrió que en el Libro de Actas de JAGAR se había dejado asentado que cedía gratuitamente el 100 % de sus acciones a Agustina Macías, una joven vinculada con el círculo familiar de Herrero.

En términos concretos, los documentos indicaban que Galván había regalado una empresa con actividad comercial, cuentas bancarias, vehículos y una facturación millonaria, sin recibir ninguna contraprestación.

Galván niega terminantemente haber tenido la intención de donar la sociedad.

Sostiene que siempre creyó que estaba firmando documentación necesaria para el funcionamiento de la empresa y que nunca se le explicó el significado ni las consecuencias de una cesión gratuita del 100 % de sus acciones.

Su representación judicial afirma que aquel acto habría sido la culminación de un proceso de captación de confianza, ocultamiento de información y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

 Una vulnerabilidad que habría sido conocida por su entorno

Durante el proceso también se incorporaron antecedentes médicos y administrativos de Galván.

La documentación señala que realizaba tratamiento psiquiátrico desde varios años antes de la cesión y que contaba con una evaluación oficial de incapacidad laboral del 78 %, predominantemente mental. Además, percibe una pensión no contributiva por invalidez desde 2021.

Esto no significa que Galván sea jurídicamente incapaz ni que todos los actos celebrados por él deban considerarse inválidos.

La cuestión que deberá resolver la Justicia es otra: si las personas que lo rodeaban conocían sus dificultades y se aprovecharon de ellas para inducirlo a firmar documentación que no alcanzaba a comprender.

Galván declaró que Herrero y su entorno sabían que se encontraba bajo tratamiento médico. Incluso denunció que, en algunas oportunidades, le proporcionaban la medicación y que habría sido inducido a suspenderla poco antes de la firma de la cesión cuestionada.

Estas circunstancias deberán ser analizadas mediante las correspondientes pericias médicas, psicológicas y documentales.

 El descubrimiento y las amenazas

Galván comenzó a tomar conocimiento de la verdadera dimensión de JAGAR cuando necesitó inscribirse como monotributista para conseguir trabajo.

Una contadora de la ciudad de Fernández modificó su clave fiscal y advirtió que la sociedad continuaba vinculada a su perfil y que registraba una facturación millonaria.

Según la denuncia, cuando Herrero se enteró del cambio de clave comenzó a llamarlo insistentemente y se presentó en el domicilio de sus padres para exigirle que entregara el nuevo acceso.

Después de iniciada la demanda de nulidad, la Justicia dictó medidas cautelares destinadas a impedir que se realizaran nuevos actos societarios basados en la cesión cuestionada.

Días más tarde, Galván denunció que Herrero pasó lentamente frente a su domicilio rural y realizó con la mano un gesto que interpretó como una amenaza de muerte. Por ese episodio se formularon nuevas presentaciones y se dispusieron medidas de protección.

Dos causas para reconstruir lo ocurrido

La demanda civil tramita ante el Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades de Primera Nominación de Salta, bajo el expediente N.º 955636/26.

Allí se solicita que la supuesta cesión gratuita sea declarada nula, ineficaz e inoponible y que Galván sea restituido en su condición de socio único de JAGAR.

Paralelamente, la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta interviene en la Averiguación Preliminar N.º 7154/2026.

Galván ya prestó declaración testimonial y se solicitaron informes a organismos fiscales y societarios, pericias sobre teléfonos celulares, análisis de documentación, estudios de firmas y la reconstrucción del movimiento bancario y financiero de la empresa.

El productor es representado por el Estudio Jurídico Cisneros–Gutiérrez, que impulsa las medidas destinadas a determinar quién administró realmente JAGAR, cuál fue el destino de los fondos y de qué manera se produjo la transferencia del 100 % de la sociedad.

La investigación recién comienza y todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades. Todas las personas mencionadas conservan su estado de inocencia y tienen derecho a formular su descargo.

Sin embargo, la magnitud de la facturación, la cesión gratuita cuestionada, el uso atribuido de los bienes sociales, las relaciones familiares y comerciales existentes entre las personas involucradas y las amenazas denunciadas demuestran que el caso excede ampliamente una simple discusión entre socios.

La Justicia deberá responder una pregunta que atraviesa toda la historia: cómo un pequeño productor santiagueño terminó figurando como dueño de una empresa millonaria y, al mismo tiempo, quedó afuera de ella, sin bienes, sin utilidades y sin siquiera conocer el destino de los fondos generados a su nombre.