La doctora María Verónica Straccia es una magistrada argentina que se desempeña como jueza en el fuero penal económico de la Justicia Nacional. Su nombre cobró alta relevancia pública tras asumir la investigación de causas de gran repercusión política y económica en el país. 

Casos de alto impacto público

• Escándalo de la AFA y la mansión de Pilar: Su juzgado (Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N.º 10) recibió el expediente que investiga los verdaderos dueños de una lujosa quinta en Pilar. La propiedad está atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La Cámara Penal Económico desplazó al juez de Campana, Adrián González Charvay —visto como una opción favorable para la dirigencia de la AFA—, y le asignó el control del caso a Straccia.
• Causa HSBC: En años anteriores, estuvo al frente de la resonante investigación por presunta evasión fiscal y lavado de dinero a través de miles de cuentas ocultas de ciudadanos argentinos en la sucursal de Suiza del banco HSBC.

Trayectoria y funciones

• Cargo actual: Titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N.º 11, subrogando actualmente también el Juzgado N.º 10 del mismo fuero.
• Especialización: Su ámbito de competencia abarca delitos tributarios, previsionales, contrabando, lavado de activos y delitos financieros complejos. 

El "Expediente del Fiscal Simón" hace referencia a la investigación penal impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, centrada en presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y desvío de fondos multimillonarios que apuntan directamente a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), específicamente a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

La causa se encuentra estrechamente vinculada con la jueza María Verónica Straccia, dado que la Cámara en lo Penal Económico resolvió derivar a su juzgado el control de los hechos e inmuebles bajo sospecha. 

Key Points del Expediente

• El origen y los acusados: El fiscal Pedro Simón inició el expediente en Santiago del Estero. En abril de 2026, solicitó formalmente la detención, indagatoria e inhibición de bienes de Tapia, Toviggino y más de 20 personas de su entorno, bajo sospecha de utilizar una red de testaferros para canalizar dinero espurio.
• La "Mansión de Pilar": El eje patrimonial del expediente radica en la compra de un lujoso predio de más de 10 hectáreas en Pilar, valuado en 20 millones de dólares. La propiedad figura a nombre de supuestos testaferros (la firma Real Central S.R.L.), pero la Justicia sospecha que el verdadero dueño es Toviggino, tras detectarse el uso de tarjetas corporativas de la AFA para gastos del lugar.
• La conexión con la jueza Straccia: Luego de un complejo conflicto de competencia (donde las defensas intentaron mantener la causa con un "juez amigo" en Campana), la Cámara Penal Económico intervino firmemente. Resolvió que, al tratarse de delitos financieros y lavado de dinero complejos, el expediente debe tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires bajo el Juzgado Penal Económico N° 10, subrogado por Verónica Straccia.
• Guerra judicial y denuncias cruzadas: El trámite del expediente desató un escándalo institucional. El fiscal Simón apeló y denunció penalmente al juez federal santiagueño Sebastián Argibay por "ceguera voluntaria" y por filtrar información a los abogados defensores para frenar las detenciones justo antes de ser apartado del caso.

Situación procesal actual

La causa abandonó la jurisdicción del norte del país. La jueza Straccia quedó formalmente a cargo del control de la instrucción para expandir la investigación sobre los presuntos desvíos patrimoniales y fraudes fiscales vinculados al fútbol argentino. 

Las pruebas financieras detalladas por el fiscal Pedro Simón constan en un requerimiento de instrucción de 181 páginas. Allí se fundamenta el pedido de detención de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y más de 20 imputados de su entorno. 

La base de la acusación de la fiscalía federal demuestra un presunto esquema sistemático de desvío de fondos de la AFA y lavado de activos a través de operaciones cruzadas.

1. El circuito de "Facturas Apócrifas" y Sobornos

• Gastos e ingresos simulados: El fiscal recopiló documentación que expone transferencias de la AFA por más de $4.900 millones respaldadas por facturas bajo sospecha de ser apócrifas o simuladas por los montos.
• Evasión impositiva: Cruces informativos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectaron gastos ficticios orientados a evadir el pago del Impuesto a las Ganancias, simulando pagos a empresas proveedoras inexistentes o sin capacidad operativa.

2. Desvío de Fondos hacia "Sociedades Espejo" de Familiares

• Empresas del entorno: La fiscalía probó que millonarias sumas de dinero salían de las cuentas de la AFA con destino directo a las cuentas de firmas vinculadas estrechamente al grupo familiar de Pablo Toviggino. [1]
• Pantallas societarias: Aunque el tesorero de la AFA no figuraba formalmente en los papeles de las compañías (como las firmas DCT S.R.L. o BORI S.R.L.), el fiscal Simón acreditó que los titulares registrales eran sus hermanos, exesposa y allegados directos. 

3. Operaciones Cambiarias en el Mercado Informal (Dólar Blue)

• Canalización marginal: El expediente detalla el uso de cuevas financieras y operaciones con dólar informal. El Ministerio Público sostiene que los pesos obtenidos mediante la sobrefacturación o el desvío directo de la AFA eran cambiados a moneda extranjera en el mercado negro para evitar los controles del Banco Central y facilitar el blanqueo posterior. 

4. Cruces de Tarjetas Corporativas y la "Mansión de Pilar"

• Financiamiento de la propiedad: El fiscal Simón aportó los resúmenes financieros y de consumos de tarjetas de crédito corporativas de la AFA. Estos plásticos institucionales fueron utilizados de manera sistemática para pagar el mantenimiento, las reformas de lujo y los gastos diarios de la estancia de 10 hectáreas en Pilar, la cual formalmente pertenecía a una sociedad anónima de terceros (Real Central S.R.L.). 

5. Adquisición de Vehículos de Alta Gama e Inmuebles

• Incompatibilidad patrimonial: El requerimiento incluye peritajes patrimoniales y reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por organismos de control. Las pruebas constatan la compra de una flota de autos de lujo y propiedades en el país y en el exterior (como Florida, EE. UU. y Punta del Este) por parte de personas del entorno de la AFA que carecen de ingresos en blanco para justificar semejante nivel de vida. 

El requerimiento de instrucción elaborado por el fiscal federal Pedro Simón expone detalladamente la red de personas físicas y empresas que operaban bajo sospecha de actuar como testaferros, pantallas societarias o prestanombres. El objetivo de este circuito era el presunto desvío de fondos de la AFA hacia el patrimonio personal de los principales dirigentes. 

A continuación, se detalla la nómina de los principales imputados y las empresas involucradas en el expediente:

Personas físicas imputadas (El entorno familiar y político)

Los acusados de asumir la titularidad de los bienes y vehículos de lujo adquiridos con dinero espurio son:

• Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte: Madre e hijo, identificados formalmente como los titulares registrados de la sociedad dueña de la polémica mansión de Pilar.
• El entorno familiar directo de Pablo Toviggino:
  • Darío Fabián Toviggino (hermano).
  • Máximo Agustín Toviggino y María Valentina Toviggino.
  • María Julia del Castillo Orellana (Exesposa) y sus allegados Manuel Hernán Del Castillo Orellana y Julia Argentina Orellana.
• Socios y colaboradores de confianza:
  • Juan Pablo Beacon: Expresidente del Consejo Federal y considerado históricamente una de las manos derechas del tesorero dentro del andamiaje político del fútbol del interior.
  • Mauro Javier Paz, Orlando Martín López, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosa Elizabeth Cianferoni.
• Dirigentes y exgerentes vinculados: El expediente sumó también a Lucas Juan Labbad (exgerente de Boca Juniors) y a asesores de la gestión como María Florencia Sartirana y Erica Gabriela Gillette.

Empresas e instrumentos societarios ("Fachadas")

Estas firmas recibían transferencias multimillonarias de la AFA bajo conceptos de servicios inexistentes, inflados o por derechos internacionales: 

• Real Central S.R.L. (ex Central Park Drinks S.R.L.): Es la sociedad clave del circuito. Figura formalmente a nombre de Pantano y Conte, pero el fiscal sostiene que financió y estructuró la compra y mantenimiento de la estancia de Pilar de 17 millones de dólares. Además, cobró facturaciones millonarias de la AFA por supuestos servicios de "logística y traslados".
• TourProdEnter LLC: Empresa radicada en los Estados Unidos (Florida) vinculada a Javier Faroni. Está bajo la lupa internacional por haber recaudado unos 400 millones de dólares en el exterior por derechos y amistosos de la Selección Argentina, emitiendo luego sospechosas facturas en favor de las empresas ligadas a Toviggino.
• Soma S.R.L., Malte S.R.L. y Wicca SAS: Sociedades comerciales utilizadas para diversificar y atomizar el flujo de dinero mediante sobrefacturación o contratos de simulación comercial.
• Servicios Lindor S.A. (ex I.M.A. S.R.L.) y Mendoza Wines S.A.: Otras de las personas jurídicas señaladas en el expediente como parte de la red de desvío y blanqueo marginal.