Apenas horas después de haber recibido el insólito pedido del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante lo rechazó de plano: el jefe del fútbol argentino, procesado por la retención de aportes previsionales de sus empleados, quería que la justicia averiguara cuántos otros evasores habían sido llevados a juicio como él.

A través de su abogado, Fernando Charró, Tapia volvió a rechazar la acusación en su contra -que la AFA no pagó en plazo 19.300 millones de pesos correspondientes a aportes patronales e impuestos- y recordó que "dentro del movimiento económico de la entidad, ello representa un insignificante porcentaje que, ponderado en el período que la denuncia comprende, torna más evidente y verosímil aún que, como él dijo, no tuviera conocimiento de la eventual deuda".

El descargo también menciona que Amarante procesó a Tapia porque "no podía desconocer" que la AFA no estaba depositando en el ente recaudador los fondos que retenía a empleados y proveedores, y que eso tampoco sería correcto, ya que en su resolución "omite toda consideración a porqué no podía desconocerlo y peor aún, que estuviera en su determinación la producción del mismo o la posibilidad concreta de evitarlo".

El abogado Charró calculó que las obligaciones consideradas delictivas son en conjunto, "representativas apenas de un 3.09 por ciento del universo del movimiento económico, y representan solo el 0.37 por ciento del universo de transacciones" de AFA. Recordemos: Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y los dirigentes Cristina Malaspina y Víctor Blanco —entre otros— están acusados de 34 hechos de apropiación de tributos y 17 de aportes de la seguridad social. También fue procesada la AFA como entidad.

Pero lo más inaudito fue el siguiente pedido del abogado de Tapia: quería que el juez le requiera a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe la cantidad de contribuyentes que registren impagas obligaciones de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, y si respecto de esas personas u organizaciones se promovieron denuncias penales.

Es decir, quería que Amarante incorporara al expediente información de terceros que no están involucrados en la causa -recordemos que la justicia investiga delitos concretos en base a denuncias específicas, no generalidades- y que comparara si a otros contribuyentes con situaciones irregulares el ARCA también les hizo juicio.

La respuesta inmediata fue el rechazo de la pretensión, por "improcedente": aun si esa información llegara al juzgado, nada tendría que ver con el reclamo que se le hace a la AFA y a sus dirigentes por la retención de aportes y contribuciones entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado, que luego pagaron fuera de plazo.