Este fin de semana, el gobierno de Javier Milei salió a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a distintos funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios y aliados, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos esta denuncia judicial.

Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber LA NACION, el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Deben, y que incluye entre otros a Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025.

El propio Caputo salió a defender anoche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro de Economía al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.

El ministro de Economía, Luis "Toto" CaputoRodrigo Néspolo

Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo anoche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.

En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el diputado nacional Santiago Santurio; el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

La información, comentaron este domingo fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez, como sucedió este lunes al quedar sorteado el juzgado federal de Rafecas.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantearon los diputados opositores Esteban Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI) en la denuncia que presentaron en tribunales. La causa en manos de Rafecas, sin embargo, fue iniciada por una denuncia del abogado Alejandro Díaz Pascual.

“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió el canciller Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.

Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con LA NACION, el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” a través de la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.

En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores.

El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios.

Tras el impacto de la noticia de la salida de Massaccesi, el Gobierno comunicó que la salida se debía a otros motivos, pese a que el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales defendiendo la toma del crédito.

Planes

En la Casa Rosada aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.

La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.

¿Y por qué no fue tratada del mismo modo Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales y virtual número tres de Capital Humano, que también tiene un crédito vigente? “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”, la defendieron desde un despacho oficial. En las próximas horas, según reiteran fuentes oficiales, el Gobierno dirá lo suyo en la Justicia.