Acusada de realizar gestos que imitaban a un mono frente al personal de un bar -un delito de injuria racial que en Brasil no prescribe ni tampoco permite fianza-, la joven se encuentra en un “estado de vulnerabilidad psicológica” que su defensa describe como “crítico”. Antes de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, la abogada estuvo detenida a principios de febrero en una unidad policial durante un par de horas y luego derivada al departamento que su padre alquila en Río de Janeiro.

Hoy, la red de contención de Agostina se reduce a un puñado de personas. Su padre, Mariano Páez, y su hermana, Justina, ya regresaron a la Argentina tras un breve encuentro en suelo brasileño. En Río, la abogada está acompañada por una amiga carioca -una mujer afrodescendiente- que se encarga de llevarle víveres y de asistirla en las necesidades más básicas, dado que la propia medida cautelar limita sus movimientos al mínimo indispensable.

Ahora, la decisión está en manos del Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro, que decidirá si permite que el caso se convierta en un proceso de cooperación internacional o si mantiene a la argentina “retenida” en Brasil hasta el día de la sentencia.

El juzgado debe resolver en un escenario de extrema reserva: el caso tramita bajo secreto de justicia, una medida que limita el acceso público a las fojas del expediente y que refuerza el blindaje judicial. Junqueira fue tajante sobre la naturaleza de este pedido: “La posibilidad de responder al proceso en la Argentina no es un derecho de Agostina, sino una posibilidad jurídica discrecional de las autoridades judiciales y diplomáticas”.

Para lograr ese traslado, la defensa apunta a un involucramiento político que trascienda lo administrativo. Desde el Palacio San Martín, fuentes de la Cancillería argentina consultadas aseguraron que se está brindando “toda la asistencia que le compete al consulado desde el primer momento”. Según explicaron las fuentes, el consulado en Río recibió a Páez, la acompañó en todo el proceso judicial y le brindó el soporte institucional que se activa “cuando un argentino tiene un inconveniente en el exterior”.

Desde su refugio en Río, Agostina ensaya una explicación que mezcla el arrepentimiento con la sensación de haber caído en una trampa. Según relata a sus allegados, los gestos racistas fueron una respuesta “abrupta” a lo que consideró una estafa por parte del bar y una agresión previa por su condición de extranjera. “Cometió el error de, en vez de ir a la comisaría, intentar hacer justicia por mano propia y reaccionar a lo que entendió que era una trampa”, deslizan desde su entorno.

Sin embargo, el relato de la 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Río de Janeiro presenta una secuencia mucho más persistente y agresiva. Según la denuncia, la hostilidad de Páez se dirigió contra cuatro empleados distintos del establecimiento. El documento fiscal detalla que, incluso después de ser advertida por una de las víctimas de que su conducta era un delito en Brasil, la abogada se dirigió a la caja del bar para llamar “mono” a otra empleada mientras simulaba gestos de un simio.

La acusación del Ministerio Público señala además que la conducta continuó en la vereda, frente a otros tres trabajadores. Para los fiscales, existe un detalle que debilita la estrategia de la defensa: una de las amigas que acompañaba a Agostina intentó impedir que continuara con las ofensas, lo que para la justicia brasileña evidencia que existía plena “conciencia de la reprochabilidad de la conducta”.

Por ahora, Agostina Páez y el equipo de letrados que la asiste aguardan en un estado de tensa expectativa. La estrategia técnica apunta a que la justicia brasileña acepte analizar los videos “extendidos” de las cámaras de seguridad para intentar demostrar que sus gestos tuvieron un contexto previo de hostilidad. Mientras tanto, la verdadera batalla se libra en los despachos, donde sus abogados trabajan para que el Gobierno argentino entre finalmente “en campo”. El objetivo es conseguir que la abogada santiagueña pueda responder por este caso, pero en suelo argentino.