EMPLEADOS PÚBLICOS PROVINCIAL Y MUNICIPAL COLAPSAN CONOCIDA TARJETA DE CRÉDITO LOCAL

Los bajos sueldos de la administración pública de Santiago del Estero incluido los municipales , los lleva inexorablemente a buscar financiamiento en conocida tarjeta de crédito local. Sigue el debate públicos por los bajos sueldos en Santiago del Estero 

Próximo a finalizar  enero del 2026 , el Gobierno provincial aún no anunció ningún aumento salarial para los empleados públicos, pese a que los sueldos permanecen congelados desde hace un año.

 En las redes sociales y en los lugares de trabajo crece la expectativa por una recomposición que permita, al menos, sostener el poder adquisitivo frente a la inflación reciente, que en la región Noroeste alcanzó un 24,9 % entre febrero -cuando se produjo la ultima actualización salarial- y diciembre de 2025, según el IPC del INDEC.

Como se dijo, la única recomposición registrada fue en febrero de 2025, cuando se anunció un aumento del 100 % del salario básico, elevando el piso salarial a $800.000. Esa cifra —que en muchos casos representa también un techo— fue absorbida por la inflación acumulada a lo largo del año, y quedó desfasada frente al costo de vida real. Para mantener el mismo poder adquisitivo que en febrero de 2025, el piso salarial debería elevarse a $1.024.000, aplicando un ajuste del 28,0 % interanual estimado. Ese cálculo incluye la inflación ya publicada hasta diciembre, más una estimación prudente en torno al 2,5 % para enero de 2026.

Un atraso que no se recupera
 

Aunque el Gobierno provincial anunciara un aumento equivalente a la inflación del último año, los empleados públicos de Santiago del Estero no lograrían recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores. El motivo es simple: los aumentos previos, especialmente en períodos de alta inflación como 2023, estuvieron muy por debajo del ritmo de los precios, y ese retraso nunca fue compensado. Incluso cuando hubo subas importantes, estas partieron de un salario básico ya fuertemente deteriorado.

Aun suponiendo que el próximo aumento salarial ronde el 30 %, el problema de fondo no se resolvería. Con un esquema de una sola recomposición anual, comienza nuevamente una carrera desigual: durante los doce meses siguientes, la inflación —aunque sea menor— va erosionando mes a mes ese incremento, hasta dejarlo desfasado mucho antes de la próxima actualización. El salario arranca el año “empatando” y lo termina otra vez profundamente atrasado.

Este mecanismo fue discutido durante el debate del Presupuesto provincial. En ese marco, diputados de la oposición propusieron incorporar una cláusula de actualización automática, para que los salarios de los empleados públicos se ajusten periódicamente al ritmo de la inflación. La iniciativa fue rechazada por el oficialismo zamorista, que mantuvo el esquema actual de aumentos discrecionales y espaciados en el tiempo.

El básico, una ficción

El salario básico en la administración pública provincial apenas representa una fracción del ingreso real. La estructura está diseñada para que gran parte del sueldo llegue mediante adicionales —como antigüedad, título—, sumas extra y bonos no remunerativos que, aunque voluminosos, no se computan para aportes jubilatorios ni aguinaldo.

En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el personal administrativo de menor rango,  percibe un básico de poco más de 220 mil pesos según la escala salarial vigente. Para las categorías intermedias,  el monto ronda los 240 mil, y en niveles más altos alcanza los 350 mil pesos. Esas cifras no incluyen antigüedad ni ningún adicional.

En el sector Salud, un enfermero tiene un básico de 250 mil pesos. Un médico con carga horaria intermedia figura con poco más de 230 mil, lo mismo un bioquímico. En todos los casos, el salario de bolsillo real depende casi por completo de adicionales y sumas fijas.

En la Policía, un agente arranca con un básico de 200 mil pesos. Un sargento ayudante ronda los 280 mil, y un oficial inspector llega a 260 mil. Como en los demás sectores, el ingreso se completa con adicionales, pero la base sobre la que se calculan aportes y jubilación permanece deprimida.

Esta estructura no solo invisibiliza el atraso real del salario público, sino que perpetúa un sistema que condena al personal a ingresos precarios en el presente y a una jubilación mínima en el futuro.

El decreto salarial vigente desde febrero de 2025 también fija los básicos de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. El gobernador percibe una remuneración básica superior a los $2,8 millones, el vicegobernador alrededor de $2,45 millones, y cargos como jefe de Gabinete, ministros y secretarios de Estado se ubican en torno a los $2,06 millones. En escalones inmediatamente inferiores, subsecretarios y otros funcionarios no escalafonados superan el millón y medio de pesos como remuneración básica del cargo.