Nuevamente en el ojo de la tormenta las autoridades del IOSEP ( Instituto de Obra Social del Empleado Provincial).

Desde este mes el incremento de IOSEP SALUD pasa los 50 mil pesos por afiliado y en caso de tener un grupo familiar se acerca a casi 100 mil pesos mensuales. De ese modo,  La principal obra social de los santiagueños mas cara que las privadas locales .

Eso no es todo porque el IOSEP lleva adelante un recorte digno de la motosierra libertaria sobre coberturas que son vitales para pacientes con complejas patologías, lo que pone en riesgo sus vidas. Lo insólito es que ya ni siquiera obedece fallos de la Justicia provincial.

Una docente denunció en redes el recorte arbitrario sobre los tratamientos de su hijo trasplantado y con discapacidad, a partir de que ella realizó un reclamo por la riesgosa demora en las drogas oncológicas que ella debe recibir.

Natalia Laini contó que en 2019 obtuvo un amparo judicial para que su hijo accediera a las prestaciones prescriptas como trasplantado renal y con TEA (Trastorno del Espectro Autista). “Fue una batalla durísima. Algunos están enterados”, indicó.

Pero, agregó que en marzo de este año “IOSEP decidió arbitrariamente recortar la cobertura y pagar el 40% en números reales de lo que mi hijo necesita en cuanto a terapias. Digo arbitrariamente porque inocentemente coincidió con mi reclamo por mis drogas oncológicas. A estas alturas ya vamos pagando 3 meses del bolsillo familiar,sumas que para cualquier trabajador resultan insostenibles en el tiempo… Todo esto mientras tránsito mi propio tratamiento oncológico”.

“No pido lástima. Pido lo que corresponde. Mi hijo tiene CUD (Certificado Único de Discapacidad) desde los 3 meses de vida, es trasplantado, operado 24 veces, la última de corazón en el 2023. Asiste con integradoras a la escuela y tiene apoyos domiciliarios”, describió.

Laini acudió al Poder Judicial, donde su reclamo fue escuchado nuevamente hace menos de un mes: la Cámara de Apelaciones en lo Civil ordenó “abonar las prestaciones de T.G.L. (su hijo) según nomenclador a nivel nación”, según el fallo firmado por los jueces Federico Argibay Verdaguer, Pedro Basbús y María Soria Vildosola. “¿Qué esperan para obedecer a la Justicia?”, se interrogó.

La hipocresía del presidente interventor, Raúl Ayuch, no tiene límites. Se queja de prestaciones “catastróficas” que amenazan con llevar al quebranto a la obra social, mientras gasta en actividades de marketing, como la marcha aeróbica que realizó el fin de semana pasado en el Parque Aguirre, con una inversión millonaria.

Además, no es el primer caso gravísimo en el que desoye una orden judicial. Recientemente falleció Nicolás Coronel, que padecía Atrofia Muscular Espinal, y comenzó una lucha para acceder a una medicación costosa que hubiera frenado el proceso de deterioro, según recomendación médica. Un juez civil hizo lugar a un amparo, tras casi un año de tramitación y con un contundente dictamen fiscal donde se lo conminó a no emplear un criterio economicista y respetar sus derechos como persona con discapacidad.

Pero Ayuch desobedeció esa orden judicial, al insistir en que era una medicación supuestamente experimental y no aprobada por ANMAT, lo que fue desmentido por Coronel, con la resolución de ese organismo de contralor y con antecedentes de aplicación de esa droga en varias obras sociales del país. El Superior Tribunal de Justicia respaldó al IOSEP y anuló el fallo del juez inferior, lo que dejó a Nico librado a su suerte. Su familia y amigos iniciaron una campaña para comprar por su cuenta el medicamento, pero ya fue demasiado tarde y falleció.