ABOGADO SANTIAGUEÑO PROMUEVE ACCION CONTRA TELECOM ARGENTINA S.A Y LE HICIERON LUGAR

La Cámara Federal de Tucumán  declaró inconstitucional la Resolución  26/2013 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (art.1) en la parte que dispone tasar las llamadas por segundos “a partir de los primeros treinta segundos de establecida la comunicación” y ordenar a Telecom Argentina SA que cobre al accionante por su línea sólo los segundos efectivamente consumidos, con costas a las codemandadas vencidas (Telecom y Ministerio de Modernización de la Nación- Estado Nacional).

La acción fue desarrollada por el abogado del foro local , Carlos Weyenbergh y previamente por el mismo motivo   lo hizo ADECSE (Asociación de Consumidores de Santiago del Estero) con su titular Javier Alexandro . En tal sentido, la Cámara Federal de Tucuman en su parte resolutiva expresa: "I.- RECHAZAR el planteo del Señor Fiscal General de fs. 797/800, conforme a lo considerado. II.-CONFIRMAR el punto II) de la sentencia de fecha 18 de mayo de 2020 (fs. 353/367) en cuanto resolvió rechazar el planteo de extemporaneidad de la acción de amparo deducida en autos, con costas, según lo explicitado en el Considerando IX). III.-CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto III) de la sentencia de fecha 18 de mayo de 2020 (fs. 353/367) el cual, por el presente decisorio quedará redactado así: hacer lugar a la demanda incoada por Carlos Bernardo Weyemberg en contra de Telecom Argentina SA y del Ministerio de Modernización de la Nación (Estado Nacional) y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad parcial de la Resolución 26/2013 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (art.1) en la parte que dispone tasar las llamadas por segundos “a partir de los primeros treinta segundos de establecida la comunicación” y ordenar a Telecom Argentina SA que cobre al accionante por su línea telefónica SOLO LOS SEGUNDOS EFECTIVAMENTE CONSUMIDOS .

Entre los fundamentos de la medida  se explicita que la Disiente  apelante -demandada-con la sentencia de anterior grado, en forma sucinta, por las siguientes razones: 1) denegación de justicia en su planteo de cuestión abstracta. Sostiene que el actor “(…) como un consumidor más y como apoderado de la asociación de consumidores de Santiago del Estero ADECSE, promovió otra acción contra esa parte por la misma causa, obteniendo, por segunda vez, una misma medida cautelar. Que, en ese caso, ADECSE acciona colectivamente por los usuarios del servicio (estando comprendido, por lo tanto, el actor). Por ello, la demandada en dos oportunidades (previo al dictado de la sentencia en sus presentaciones de fechas 01/07/2019 y 16/08/2019) solicitó que se resolviera su planteo de cuestión abstracta en la presente causa (cfr. Acordada Nº 12/2016 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación los Tribunales nacionales y federales, en el marco de procesos colectivos comprendidos en la Acordada 32/2014 deben ajustar su actuación al Reglamento de Actuación de Procesos Colectivos y lo establecido en el punto IV de dicho Reglamento), petición ésta cuyo tratamiento fue omitido por el tribunal de anterior instancia configurándose, de esta forma, la denegación de justicia denunciada y que diera lugar a este agravio.

Se agravia, asimismo, por considerar que el fallo viola la constitución y la división de poderes desde que, sin mediar declaración de inconstitucionalidad de una norma administrativa, el sentenciante dictó otra distinta. Manifiesta, en este sentido, que se requiere un pronunciamiento jurisdiccional de inconstitucionalidad para invalidar una norma administrativa que, además, goza de la presunción de legitimidad. Se queja, también, por considerar que el fallo de anterior grado resuelve hacer lugar al amparo “(…) sin pruebas de una supuesta arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”. Ello así, toda vez que el actor debió demostrar a través de la prueba pericial informático-contable, que se instaló normativamente, un verdadero abuso en perjuicio de los usuarios, extremo éste que no se demostró. Por el contrario, no ofreció más pruebas que las facturas que acompañó. Expresa que, inclusive, el amparista reconoció a fs. 46 vta. que “la diferencia cobrada de más mes a mes es hasta mínima, no tiene mayor relevancia”. Por lo tanto, al reconocerse que la demanda era económicamente mínima, esto es, que la diferencia mensual que le cobraban era irrelevante, su acción no podía ser acogida. Se agravia la quejosa -además- por la exclusión del Ministerio de Modernización -Gobierno Nacional de todo pronunciamiento en la sentencia recaída. Ello a pesar de ser el generador de la Resolución SECOM que está bajo cuestionamiento. Sostiene que este Ministerio, habiendo sido codemandado en los presentes autos incurrió en extemporaneidad al presentar su informe circunstanciado. De esta forma, señala, el autor de la norma bajo impugnación sale indemne de la litis y no recibe ni siquiera imposición en costas. Por ello, solicita de esta Alzada que ordene que el pronunciamiento definitivo recaiga también contra el codemandado -Ministerio de Modernización-. Se agravia, asimismo, por el rechazo del planteo de extemporaneidad de la acción de amparo. Sostiene que la Resolución Nº 26/2013 SECOM fue publicada en el Boletín Oficial el 21/03/2013 y recién, un año y tres meses después de esa publicación, la actora radicó la acción de amparo habiéndose excedido con creces el plazo de 15 días previsto por el art. 2 inc. e) de la Ley 16986. Disiente también, con la supuesta inexistencia de otras vías alternativas para accionar. Por su parte, entiende que existen otras vías procesales mejores para defender a la amparista. Solicita de esta Alzada que así lo declare. Finalmente, se agravia por lo que considera una errónea imposición de las costas. Manifiesta que, en caso de que se rechace la apelación, por un acto de estricta justicia las costas deberían ser impuestas por su orden, y así lo solicita. II.-Consideraremos en primer término, el planteo de incompetencia efectuado por el Sr. Fiscal General a fs. 389/392, el que corresponde sea rechazado por las razones expuestas y desarrolladas in extenso en la causa “Ávila Inés M. y otro c/ Estado Nacional s/Acción de Amparo- Medida Cautelar- Per Saltum” - Expte. N° 42085, fallo de fecha 12/08/02, a cuyos argumentos nos remitimos en homenaje a la brevedad. III.-El Tribunal anticipa su criterio favorable a la confirmación, aunque parcial, del fallo en crisis. Ello así, por las razones que seguidamente se expondrán: A continuación, nos introduciremos en el tratamiento de los agravios. a: Denegación de justicia en planteo de cuestión abstracta: Contrariamente a lo sostenido y planteado por la apelante, el Tribunal considera que, en el sub examine, la solución del litigio no se ha tornado abstracta por el hecho de haberse interpuesto una acción colectiva con idéntico objeto al de autos. Ello así, toda vez que la demanda inicial en los presentes autos es anterior (año 2014) a las demandas colectivas que reseña el apelante en su escrito recursivo.El solo hecho de que existan vías administrativas y/o procesales, no es óbice para la procedencia del amparo, sino que el otro medio debe ser “más idóneo”, y a ese respecto, la idoneidad no solo tiene que ver con la celeridad sino con la mayor aptitud para proteger ese derecho. Máxime cuando, a partir de la reforma del 94 (art. 75, inc. 22, C.N.) se incorpora y asigna rango constitucional al derecho a la “tutela judicial efectiva” consagrado por el art. 8, 1era. parte, de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiterado bajo el rótulo de “protección judicial” en el art. 25 del mismo Pacto; e incorporado por el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humano de la O.N.U. (1948). Tal como lo apunta la doctrina, los tratados incorporados al derecho interno exigen un procedimiento especial, sencillo, breve y efectivo ante los tribunales competentes, erigiéndose el proceso de amparo en la única posibilidad auténtica de captación del dicho concepto. (GOZAINI, Osvaldo, “El Derecho de Amparo”, Ed. Desalma, p. 81). La protección es más amplia que la del art. 43 de la C.N., puesto ninguno de los tratados con jerarquía constitucional habla de que exista “un medio judicial” más idóneo. Sólo garantizan la tutela judicial efectiva de los derechos sin condicionar su tramitación a ningún recaudo y sin aparecer como una vía subsidiaria, sino como una alternativa. (GORDILLO, Agustín, LA LEY, Bs. As., 15/11/95, p. 57 y sgtes.). De allí, que este agravio, a nuestro criterio, carece de todo asidero.“Con ese temperamento, se debe decir que la alegada existencia de otras vías jurisdiccionales y administrativas que harían inadmisible la vía del amparo, no es postulable en abstracto, pues la mencionada existencia depende- en cada caso- de la concreta situación motivante del pleito”. En este mismo sentido, el Máximo Tribunal de la Nación se pronunció a favor de la procedencia de la vía en aquellos casos en que la acción de amparo no ha reducido las posibilidades de defensa del interesado, en cuanto a la amplitud de debate y prueba (Fallos 307:2174; 314:1091; 315:1551, entre muchos otros). Señaló al respecto que, si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales tienen por objeto una protección de los derechos más que una ordenación de resguardo de competencias. (CS marzo-3-988 Arbonés Mario Francisco c. Universidad Nacional de Córdoba, LL 1990-A-581, con nota de José Luis Lazzarini), por lo tanto la queja se desestima con estos fundamentos” (Conf. Sentencia N° 109/2008 en “ELIAS JAIME ARTURO C/ ESTADO DE LA PCIA. DE CTES. E INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PCIA. DE CTES. S/ AMPARO). c) Sentado lo anterior, examinadas que fueren las posturas de las partes, cabe pronunciarse por la procedencia de la acción intentada, en razón de que la Resolución cuya inconstitucionalidad se persigue por esta vía, según lo sostiene la 10 #23793846#290530266#20210601124345082 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN 17294/2014 - WEYENBERGH, CARLOS BERNARDO c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/CAUTELAR amparista, es claramente violatoria de su derecho de propiedad (art. 17 de la C.N.). La CSJN ha admitido la acción declarativa de inconstitucionalidad en el ámbito del amparo cuando el acto u omisión de autoridades públicas o particulares, en forma actual o inminente, lesiona, restringa, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la constitución, un tratado o una ley. Expresamente, el convencional habilitó en el artículo 43 C.N. al juez, a la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. En “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Provincia de Bs. As. y otro"( CSJN-Fallos 320-691, el más alto Tribunal recordó que el artículo 43 de la Constitución Nacional faculta a interponer acciones de amparo contra cualquier forma de discriminación y, en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva, legitima al afectado, al Defensor del Pueblo y a "las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización", concluyendo que la demandante se encontraba dentro de esas asociaciones, por cuanto había sido creada por el Decreto Provincial N° 1.192/92 con la finalidad de 11 #23793846#290530266#20210601124345082 proveer a la defensa de los intereses de sus asociados, que son precisamente los grandes usuarios de electricidad. El Tribunal dejó aclarado que el hecho de que la actora haya demandado por la vía prevista en el artículo 322 del CPCCN. no constituye óbice para la aplicación de aquel precepto, en virtud de la analogía entre dicha acción y la de amparo.