TREMENDO INFORME SOBRE CAMPESINOS SOMETIDOS A ESCLAVITUD POR PARTE DE UN EMPRESARIO DE SANTIAGO DEL ESTERO Y SU EMPLEADO

El Juez Federal 2 de Santiago del Estero, Dr.Sebastián Argibay en base a una causa sobre infracción al artículo 145 bis según ley 26842 resolvió procesar al empresario de la ciudad Capital de Santiago del Estero,  Fabian Eduardo Cataldo y su empleado Carlos Ernesto Mansilla por trata de personas .

Los hechos 

 

En fecha 29/11/20, en el interior del campo denominado “El Canuto”, ubicado sobre la ruta provincial N° 92 hacia el sur de la ciudad Capital, a unos 50 km de Añatuya, más específicamente en medio de los campos “El Pampa” y “La Virginia” -, fueron relevados un número de 24 trabajadores (entre los cuales habían 4 menores de edad) que realizaban tareas de explotación forestal y destronque, confirmándose así el contenido de la denuncia formulada ante la Fiscalía Federal N° 2 y que diera lugar a su requerimiento de instrucción y allanamiento del referido predio para el rescate de las mencionadas personas.

Tal circunstancia ha quedado acreditada por las actas de procedimiento del, procedimiento en el cual participó en forma conjunta personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de esta, con apoyo de Gendarmería Nacional – Santiago del Estero.

2. Las supuestas víctimas arribaron al campo “El Canuto” -algunos por sus propios medios, otros trasladados por Cataldo- para realizar tareas de desmonte y destronque, habiendo acordado las tareas y salario con los imputados Cataldo y Mansilla, conforme lo relatan Cosme Adrián Rodríguez , Juan Manuel Chazarreta , Antonio Sequeira y Juan Carlos Bravo.

 

3. De las actas y fotografías incorporadas al expediente por la autoridad administrativa, y de las producidas en instancia del allanamiento, sumado a los testimonios de los funcionarios intervinientes y algunas de las víctimas, se desprende el contexto laboral en el campo donde estaban alojados .

Así ha quedado demostrado, con la exigencia de esta instancia del proceso, que las condiciones en que estos trabajadores realizaban sus tareas y de alojamiento en el lugar, eran por demás precarias, violando no solo las condiciones laborales sino, fundamentalmente, la dignidad y condición de personas de las víctimas.

En efecto, al llegar al lugar debieron ellos mismos construir con nylon y palos de madera las carpas donde habitarían, que, por las constancias fotográficas de las dimensiones de las carpas, se infiere en condiciones de hacinamiento. Esas carpas precarias fueron compartidas por todos los trabajadores, con colchones tirados en el piso de tierra, totalmente desprotegidos de las inclemencias del tiempo y expuestos a alimañas y víboras.

 

No contaban con agua corriente ni luz eléctrica o de energía alternativa, careciendo de baños, servicios básicos indispensables, utilizando un piletón para higienizarse. Carecían de indumentaria y elementos de seguridad requeridos para la tarea que desarrollaban.

Las provisiones y el agua que les suministraba Mansilla, se les descontaba de su salario, sin constancia alguna de cuál era el costo que asumían los trabajadores.

Así también, expresaron tener que terminar con su trabajo del día por obligación, labor que desarrollaban al menos 8 horas diarias, debiendo necesariamente hacer un corte en horas de la siesta debido a las elevadas temperaturas.

Se ha constatado, además, el hecho de que no contaban con ningún tipo de medicamento o elementos que permitan preservar su salud, máxime teniendo en cuenta los peligros que acechaban por el lugar en el cual se encontraban y atento a la actividad desarrollada. A más de ello, se verificó en la base de datos de AFIP que los trabajadores no se encontraban registrados. Y todos manifestaron que percibían su salario en efectivo de manos de Carlos Mansilla, quien no les daba recibo de sueldo.

 

4. En el contexto fáctico descripto, la materialidad del hecho no resulta controvertida. En efecto, de la prueba incorporada surge que el marco de trabajo en que se desplegaba la actividad de las 24 personas rescatadas de la propiedad llamada “El Canuto” era totalmente irregular desde la normativa laboral que regula el trabajo rural, a más de la indigna y deshumanizante las condiciones en que se encontraban tanto para el trabajo como para su alimentación y descanso, sin un mínimo de estándar sanitario y ausencia total de medidas de seguridad básica.

 

Las víctimas arribaron o fueron llevadas al lugar, y realizaron su trabajo debido a que necesitaban medios para subsistir, conclusión a la que se arriba no solo por los informes producidos por la autoridad administrativa, sino al considerar el salario acordado por día o por hectárea a las cuadrillas integradas por seis personas menos lo descontado por comida, agua y transporte. 

Las carpas donde habitaban, además de inadecuadas para el alojamiento y descanso para personas que trabajan cerca de 8 horas diarias, carecían de comodidad alguna por el hacinamiento de los trabajadores. No tenían baño ni artefacto sanitario alguno en el lugar y debían hacer sus necesidades fisiológicas en el monte . Asimismo, cuatro de los trabajadores eran menores de edad, pero tanto Cataldo como Mansilla los alojaron en el monte poniéndolos de inmediato a trabajar sin preguntarle siquiera la edad.

 

En conclusión, de los elementos de prueba hasta el momento colectados, evidencian que las condiciones laborales dispuestas por los imputados no alcanzaban siquiera mínimamente los requisitos previstos en los artículos 24 y 25 de la ley 26.727 que habla de construcciones sólidas, higiene, luz natural, que deben tener cocina-comedor, dormitorios, baño para cada grupo con inodoro, bidet, ducha y lavabo y respecto a que se deben encontrar controladas todas las fuentes de riesgo, a más del pago de salarios inferiores a los mínimos que establecía a la época la Res. 94/20 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que establece un salario mínimo del peón general de $35.246 mensuales.

 

5. En consecuencia, lo merituado permiten tener por acreditada la materialidad del hecho típico de trata de personas con fines de explotación laboral, en los extremos en que fuera atribuido a los imputados en los actos de declaración indagatoria, y por demostrada la intervención en el evento por parte de Fabián Eduardo Cataldo y Carlos Ernesto Mansilla, ello con el grado de probabilidad requerido en este estado del proceso conforme las previsiones del art. 306 del C.P.P.N. VII.

Calificación legal 1. Consecuencia de la reseña fáctica efectuada, del análisis de los elementos probatorios reunidos y la participación de los imputados en hecho, corresponde definir su situación jurídico procesal. Así, ha quedado demostrado, que los imputados Cataldo y Mansilla, cumpliendo distintos roles pero con una finalidad ilícita común, se contactaron con las supuestas víctimas ofreciéndoles tareas de desmonte y destronque en el campo “El Canuto” a cambio de un determinado salario, ello con la finalidad  de explotación laboral al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, habiéndose consumado dicha explotación laboral en las circunstancias referidas a las precarias condiciones de alojamiento, falta absoluta de registración laboral, inexistente asistencia sanitaria, descuento del precio de la comida que se les entregaba, falta de baños, entre otras condiciones deshumanizantes.

 

En el mismo sentido, corresponde reprochar el haber ingresado al campo, permitido su permanencia en el lugar y la actividad laboral en condiciones de explotación, de cuatro menores de edad.

 

2. Modalidades básicas del tipo previsto en el art. 145 bis del C.P. En orden a las modalidades básicas previstas en el tipo penal para su configuración como conducta prohibida, el artículo 145 bis del C.P. prevé como verbos típicos una serie de acciones que intentan abarcar todo el “proceso” previo a que la explotación resulte consumada. Desde su inicio (captación), pasando por el trayecto hacia el destino de explotación (traslado), hasta su culminación inmediatamente anterior a que la explotación se concrete (recepción y acogimiento).

Estas acciones se consideran alternativas ya que no es necesario que el autor las realice en su totalidad, sino que basta con que haya cometido alguna de ellas, con la finalidad típica, para que se tenga por configurado el tipo objetivo.

En ese contexto, estimo que de los elementos de prueba colectados surge, en primer término, la modalidad de captación en la conducta de los imputados. En efecto, conforme surge de las declaraciones de los testigos-víctimas, tanto Cataldo como Mansilla ofrecieron el trabajo a quienes en definitiva resultarían rescatados del campo

De igual modo, se ha consumado la acción típica de recepción en la conducta de los imputados, ya que las 24 personas fueron alojadas en el campo perteneciente a Fabián Cataldo, bajo la guarda y dominio de hecho de aquél y Carlos Mansilla, con la finalidad de explotación laboral a la que venimos haciendo referencia. En ese sentido, Tazza sostiene que el mantener a las personas en un lugar debe ser con el fin de explotarlas: “Esto debe entenderse cuando el sujeto activo le da refugio o lugar, o cuando procede a aceptarla conociendo el origen del hecho y la finalidad que se le pretende otorgar” (Tazza, Alejandro O. Carreras, Eduardo Raúl. “El delito de trata de personas”, LL2008-C, 1053). 

 

RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 

En mérito de todo lo expuesto, el JUEZ FEDERAL 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO ORDENÓ  el PROCESAMIENTO de Fabián Eduardo Cataldo , y de Carlos Ernesto Mansilla , de circunstancias personales obrantes ut supra, por encontrarlos prima facie responsables en calidad de coautores del delito de trata de personas bajo la modalidad de captación, traslado, y acogimiento agravado por haber sido cometido abusando de las situaciones vulnerabilidad en las que se encontraban las víctimas; por ser más de tres el número de víctimas; por ser cuatro las víctimas menores de edad; y por haber logrado consumar la explotación de las 24 víctimas (arts. 145 bis y 145 ter inciso 1º y 2°, y últimos dos párrafos -según ley 26.842-, 45 del Código Penal).

II) MANTENER respecto de los procesados las medidas de coerción prevista en los inc. e) f) y j) del art. 210 del C.P.P.F., en los términos y condiciones dispuestos por resoluciones de fecha 21/12 y 23/12 del 2020 dispuestas en incidentes N° 1 y 2 respectivamente. III) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000), sirviendo la presente de suficiente mandamiento para el Sr. Oficial de Justicia. En caso de inexistencia de bienes a embargo o de embargo insuficiente, se dispondrá la inhibición general de gravar o disponer de los mismos (art. 518 CPPN). IV) Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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